Miles de olivareros protestan en Madrid
Reivindican medidas para frenar la caída de precios del kilo de aceite, que en el último año se redujo en un 44%
Juan Metidieri APAG EXTREMADURA ASAJA «Es difícil entender estos precios tan a la baja con una cosecha que se prevé que sea mala» Ignacio Huertas UPA-UCE
«La situación actual es muy grave y se puede llevar por delante a parte del sector más tradicional» Juan Moreno COAG
«Es un SOS a las administraciones, porque con esto está en juego la subsistencia del mundo rural»
El sector el olivar reivindicó ayer en Madrid medidas específicas para poner freno a las prácticas que están amenazando el futuro del sector. Tras una gran pancarta en la que se podía leer En defensa del olivar tradicional. No al despoblamiento, unos 30.000 olivareros de toda España, muchos de ellos procedentes de Extremadura, acudieron a la movilización convocada conjuntamente por Apag- Asaja, UPA-UCE y COAG y recorrieron el centro de la capital, hasta la sede del Ministerio de Agricultura, para reclamar unos precios más justos en origen que reporten al negocio una rentabilidad que se ha perdido por prácticas que califican de «especulativas». La cuestión central es que en un momento en el que la demanda está creciendo por encima de la oferta, el precio en origen del aceite de oliva ha caído un 44% durante el último año (ha pasado de 3,53 euros/kilo en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los dos euros/kilo en la actualidad), lo que está muy por debajo de los costes de producción actuales (entre 2,25 y 2,75 y hasta 3,75 euros por kilo en las producciones más tradicionales). La cosecha de este año , además, se prevé «mala», con una caída estimada en torno al 35%, lo que hace aún más difícil entender que el aceite se esté vendiendo por debajo de los dos euros, como ahora, según denuncian las organizaciones agrarias.
Junto a unos precios más justos, los productores relaman medidas concretas en la PAC para proteger al olivar tradicional frente a la proliferación de los cultivos intensivos y superintensivos (dan mayor producción en menos superficie) y que la UE actualice las condiciones para activar el almacenamiento privado, que no se han variado en años y fijan precios muy por debajo de los actuales costes de producción (1,77 euros) y restan por tanto eficacia a esta herramienta.
En Extremadura hay unas 40.000 explotaciones dedicadas al olivar y más de 280.000 hectáreas dedicadas a este cultivo. Más del 80% de las producciones son tradicionales y muchas de ellas «no son profesionales», recuerdan desde el sector. Esa no es una cuestión menor por la incidencia que tiene en la economía local de muchos pue
blos, donde pequeñas explotaciones suponen el complemento de la economía de muchas familias.
EL FUTURO DEL SECTOR/ En la manifestación participaron los dirigentes de las tres organizaciones agrarias en Extremadura, que alertaron de la amenaza que supone la situación, no solo para el sector en Extremadura, que es esencialmente tradicional, sino también para la economía familiar de muchos pueblos y la subsistencia del entorno rural.
«El sector del olivar es el complemento de muchas economías familiares y tiene por ello un gran impacto en la economía local de muchos pueblos. En un año bueno, se dice que le ha tocado la lotería al pueblo», recordó el dirigente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. Advirtió además de que en un contexto como el actual en el que se prevé una cosecha mala «es muy difícil explicar que el precio del aceite esté en dos euros, cuando el coste de producción se sitúa entre 2,25 y 2,75 euros de media».
Por su parte Ignacio Huertas, dirigente de UPA-UCE, reclamó «medidas concretas» en la PAC para el olivar tradicional y requirió una actualización de precios en asuntos como el almacenamiento privado: «no podemos seguir con precios de hace 30 años puesto que los costes no son los mismos» cuestionó. Exigió además que se ponga coto a prácticas comerciales como la venta a pérdidas o la utilización del aceite «como producto reclamo».
Juan Moreno, dirigente de COAG en la región incidió en el impacto que el cultivo tiene en la «subsistencia del medio rural». «Esto es un SOS a las administraciones para que se pongan las pilas», advirtió.