Santa Bárbara solicita tiempo para legalizar y evitar derribos
Los vecinos dicen b que hay trámites que el juzgado no ha tenido en cuenta El asesor afirma que b se ha hecho un trabajo «titánico» y todo va «a un ritmo aceptable»
Hay un procedimiento en la nueva Ley del Suelo para regularizar asentamientos rústicos. Su señoría tiene que entender que vamos a ir por este procedimiento, que nos dé el tiempo que necesitamos». Es la petición que ha hecho el arquitecto asesor de los vecinos de la sierra de Santa Bárbara unidos en la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia. Juan Antonio Álvarez se ha mostrado tan «sorprendido» como el presidente del colectivo, Ladislao Granado por el auto dictado por el juzgado de lo Penal el pasado 15 de septiembre, que da tres meses a cuatro vecinos de la sierra para demoler las viviendas construidas.
En opinión de Álvarez, ha habido un «cambio de criterio judicial», ya que en una sentencia de abril del 2019, se decidió dejar en suspenso durante tres años y medio las penas de cuatro meses de prisión emitidas si derribaban las edificaciones en caso de no ser legalizables. Por su parte, Granado cree que ha habido «una mala comunicacióndeinformación»,yaqueelautosebasaenuninformetécnicomunicipal de junio del 2019 que indicaba que las actuaciones iniciadas por los vecinos no eran suficientes para iniciar el procedimiento de regularización y, según el juez, «no constan nuevas circunstancias».
Sin embargo, Álvarez recordó ayer que la Ley del Suelo cambió precisamente en junio del 2019, «mucho más beneficiosa porque acortaba los trámites» y en diciembre se presentó la tramitación para legalizar las primeras tres áreas, donde están incluidas las viviendas de los vecinos condenados. A su vez, el ayuntamiento admitió a trámite el procedimiento en febrero del 2020 con un acuerdo de la junta de gobierno.
Así pues, la asociación de afectados subraya que sí hay documentación posterior y ha anunciado que los abogados de los cuatro vecinos presentarán recursos en este sentido y también alegando «indefensión porque ninguno ha recibido el informe del Ministerio Fiscal» que solicita dar un plazo de tres meses para demoler y que comparte el juez.
Porque se trata de un plazo insuficiente para regularizar, a pesar de que «hemos seguido trabajando desde febrero. En marzo comenzó el estado de alarma, hasta agosto no pudimos volver a la sierra y ya hemos presentado siete planes especiales para 163 viviendasconsudocumentaciónambiental, más rápido es imposible, ha sido un trabajo titánico». Así, el asesor señala que es «todo va a un ritmo aceptable, estamos dentro de fechas razonables».
La asociación estudia «hacer algún documento de apoyo a los propietarios», mientras en la sierra el auto ha generado «incertidumbre», pese a que dentro de la asociación no hay más vecinos en procedimientos penales.