Trump nomina a una jueza antiabortista para el Supremo
Amy Coney Barrett b cuenta con un notable respaldo de la América cristiana Los demócratas b ven a la jurista como una amenaza para muchos colectivos
La última pesadilla de los demócratas ya tiene nombre: Amy Coney Barrett. El presidente Donald Trump presentó ayer a la magistrada de 48 años con la que pretende suplir la vacante dejada por Ruth Bader Ginsburg, fallecida recientemente por un cáncer de páncreas, para cimentar la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Barret es una de las referencias legales de la América cristiana y evangélica por sus posiciones ultraconservadoras en asuntos como los derechos reproductivos de las mujeres.
Católica devota, contraria al aborto y alineada en sus pronunciamientos con los intereses empresariales, su designación le servirá a Trump para energizar a sus bases más conservadoras a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 3 de noviembre. Unos comicios que afronta con desventaja en las encuestas.
Algunos asesores del presidente le habían pedido que se decantara por Barbara Lagoa, una jueza de origen cubano y arraigo en Florida que sonaba entre las favoritas.
Consideraban que Lagoa podría haberle ayudado a ganar en Florida y a atraer votos latinos, pero una vez más Trump ha preferido contentar a sus bases más ultramontanas. Barrett ha sido descrita por algunos como una católica integrista. Hace unos años les dijo a sus alumnos en la Universidad de Notre Damme que debían afrontar sus carreras en la judicatura como un medio para «construir el reino de Dios» y en alguna ocasión se ha referido a los fetos abortados como «víctimas no nacidas».
Barrett ya entró en la lista de candidatos barajados por Trump en 2018 para reemplazar al juez Anthony Kennedy, pero el puesto acabó yendo finalmente para Brett Kavanaugh.
Un año antes el presidente la había nombrado para formar parte del Tribunal de Apelaciones, donde ha abrazado las posiciones conservadoras al redactar sus opiniones en asuntos como la inmigración, el derecho a portar armas o el aborto.
Este último parece ser uno de sus grandes caballos de batalla. Durante años perteneció al grupo antiabortista Faculty for Life. También es miembro de People For Praise, una controvertida organización católica, rodeada de secretismo y contraria al Concilio Vaticano II. Barret, sin embargo, también ha dejado claro que sus creencias no interfieren en su labor como jurista.
Su nombramiento ha recrudecido la guerra política que se vive en Washington ante las intenciones de los republicanos para confirmar a Barret antes de las elecciones, lo que dejaría al Supremo con una abrumadora mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. «Su trayectoria judicial y sus propias palabras confirman que será una clara amenaza para los derechos reproductivos, los derechos LGBT, los derechos laborales, los derechos al voto o los derechos civiles», ha dicho el senador demócrata Ed Markey.
Barrett también ha expresado posiciones contrarias a la reforma sanitaria de Barack Obama, cuya constitucionalidad será examinada por el Tribunal Supremo a partir del próximo 10 de noviembre, solo una semana después de las elecciones. Es discípula del icono conservador Antonin Scalia y defiende la corriente originalista, partidaria de interpretar la Constitución con la máxima fidelidad a las intenciones expresadas por sus redactores hace más de 200 años.
H