La comunidad que preside Díaz Ayuso (PP)
Ha bajado impuestos por 4.100 millones
citaciones del sector público estatal analizadas por el informe, el 72% corresponden a órganos de contratación ubicados en Madrid. Y de estas licitaciones, casi el 60% se adjudican a empresas con sede en Madrid. Las ventajas de la proximidad son evidentes y eso atrae sedes empresariales hacia Madrid. «La falta de neutralidad territorial de las decisiones económicas del sector público estatal es innegable», según los autores del informe.
La historia de las rebajas fiscales de Madrid acumula casi 20 años y la actual presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, mantiene su plan para «la mayor rebaja fiscal de la historia de la comunidad de Madrid» esta legislatura. Con datos de recaudación del 2017, Madrid ha promovido una rebaja fiscal neta por 4.111 millones con recortes en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e IRPF y ligeras alzas en Transmisiones Patrimoniales y tributos propios, entre otros.
Sin embargo, Francisco Pérez subraya que una parte de estas ventajas viene de un comportamiento del Estado que no es neutral. «Teniendo en cuenta su condición de capitalidad y el origen de sus ventajas, Madrid debería evitar estas prácticas», de competencia fiscal a la baja, «que acaban teniendo efectos no deseados para los demás territorios», concluye Pérez. Así, el informe valenciano propone limitar las competencias de Madrid para bajar impuestos, porque ello «refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional» y «porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral».
HLa batalla fiscal no da tregua. El anuncio realizado recientemente por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que renueva su promesa electoral de rebaja de medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF), ha abierto otra vez la caja de los truenos en algunos territorios que ven cómo esa competencia se traduce en una progresiva fuga de empresas hacia la capital de España. El presidente valenciano Ximo Puig lo ha verbalizado esta semana, pero su sentir es compartido en otras comunidades, sobre todo las gobernadas por socialistas, como Aragón (Javier Lambán), Asturias (Adrián Barbón), Extremadura (Guillermo Fernández Vara) y Castilla La Mancha (Emiliano García Page). También el Govern de Quim Torra acusa a Madrid de dumping fiscal (competencia desleal). En sentido contrario, otras regiones donde el PP gobierna en solitario o en coalición, como Andalucía, defienden la competencia fiscal.
Puig puso sobre la mesa llevar a cabo «una profunda reforma territorial». Y añadió: «Ante esta crisis que abre la pandemia en España no todos partimos en igualdad de condiciones para abordar la recuperación. Y ese es, hoy, un debate más pertinente que nunca. Un debate que solo puede abordarse con la contundencia de los datos», señaló
En España, las diferentes autonomías tienen margen para regular determinados impuestos, aunque la mayor carga tributaria la fija el Estado. Pese a ello, este pequeño margen puede significar un importante ahorro de costes para las empresas y los particulares, en función del territorio en el que se ubiquen. Es lo que se conoce como dumping fiscal, que provoca que las diferentes autonomías se peleen por atraer a las empresas.
En las últimas décadas, los regímenes especiales de las comunidades de Navarra y el País Vasco motivaron el traslado del domicilio social de un buen puñado de compañías, que dejaron los lugares donde habían nacido para moverse y así pagar menos impuestos. Y eso supuso pérdida de riqueza y, principalmente, de ingresos para las arcas autonómicas. Ahora, la gran amenaza es Madrid.
H**Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados