«Mi hija me sigue preguntando por qué no le dieron su título de la ESO»
El padre extremeño que defendió en el Congreso la educación inclusiva valora un dictamen de la ONU pionero, que reprende a España por sacar de un centro ordinario a un joven con síndrome de Down. «Se reconoce el error, pero da otros diez años para cambia
La lucha de Rubén, un joven con síndrome de Down, y de sus padres por denunciar la exclusión educativa que sufrió en su comunidad, Castilla y León, acaba de tener una respuesta contundente desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad concluye que la Administración violó el derecho de este joven a no ser discriminado al expulsarle de un colegio ordinario cuando terminó Primaria con 11 años.
Este dictamen es una victoria, una bocanada de aire fresco para tantas familias, como la de Rubén, que sueñan con una educación adaptada e inclusiva real para sus hijos con discapacidad o diversidad funcional, pero temen que se quede solo en un gesto, en una victoria de papel. «El dictamen de la ONU es ejemplar, se está reconociendo un enorme error, que es ultrajar la vida de otra persona, su derecho a la inclusión y su libertad de elección, pero parece que la solución es muy difícil y da un plazo de diez años para cambiar las cosas. Es tremendo, la sensación que tengo es que esto es para tranquilizar conciencias», expone José María Fernández Chavero. Este padre extremeño llevó hasta el Congreso de los Diputados, en el 2017, la petición de cientos de familias: el desarrollo de una educación inclusiva real porque «ahora mismo los centros no están dotados ni tienen recursos para ello».
De momento, la ONU habla de indemnizar económicamente a esta familia de León por las oportunidades que perdió Rubén, que ahora tiene 21 años. Y le da a España un plazo de 10 años para cambiar las malas prácticas que considera discriminatorias. «Y dentro de diez años, ¿qué habrá pasado?», se pregunta Fernández Chavero. «Soy optimista y hasta confiado, pero es que llevamos años con esta lucha, con la esperanza de que esto cambie, pero pasa el tiempo y nada. Todos los partidos coinciden en la necesidad de mejorar la educación inclusiva, pero no se concreta nada. Seguimos teniendo una educación inclusiva muy pobre con centros que no están nada dotados. Es vergonzoso», cuenta. Hay sentencias que obligan a tomar medidas, hay buenas palabras entre los que pueden legislar y cambiar las cosas (él mismo recibió el respaldo de todos en el Congreso de los Diputados), «pero ahora nos dicen que hay que esperar 10 años más. Detrás de esto no está la reforma de un edificio, detrás está la vida de miles de chavales que esperan una educación inclusiva real, que alguien de verdad les respete el derecho que tienen a vivir en sociedad. Es tremendamente injusto».
Y detrás está también la propia vida de su hija Ángela, de 18 años. «Hace dos años que terminó el instituto, pero mi hija todavía me sigue preguntando por qué no le dieron su título de la ESO. Y yo solo le puedo decir que sigo luchando». Ángela superó la Secundaria con adaptaciones curriculares en un centro ordinario de Badajoz, pero no tiene derecho a obtener su título por esas adaptaciones realizadas. Ella, como otros tantos, entra a formar parte de las estadísticas de fracaso escolar, a pesar de que superó aquella etapa. Y sin título, se acabó la formación reglada para ella y las opciones de elegir.
Ya fuera de la enseñanza ordinaria, hace dos años empezó una formación de administrativo en el centro especial de Aexpainba Fundación Magdalena Moriche en Badajoz y ahora, superado aquel ciclo, acaba de empezar otro de limpieza. «Es que no hay otra cosa, la idea es que madure un poco más y luego se intente presentar a algunas oposiciones». Eso sí, sin reconocimiento oficial por su formación y sin el título de la ESO por el que todavía Ángela sigue preguntando.
«Hay miles de chavales esperando una educación inclusiva real»