Crecimiento dopado de Madrid
La denuncia que ha hecho el presidente valenciano Ximo Puig de la vocación extractiva de Madrid, que se beneficia económicamente de su condición de capital y de la competencia fiscal desleal con el resto de los territorios -decretada por los sucesivos gobiernos autonómicos del PP-, ha puesto el dedo en la llaga de un problema endémico, el del centralismo económico. Su denuncia es compartida por otros presidentes autonómicos, como el extremeño Fernández Vara. No es tanto que el Producto Interior Bruto madrileño haya superado al catalán o que, aparentemente, Madrid haya sustituido a Cataluña como locomotora de España. La cuestión es cuáles han sido las razones para que ocurra y cuál la forma de corregirlas en favor de un mayor equilibrio territorial.
Se podría argüir que la economía catalana se ha visto perjudicada por el `procés', que llevó a 4.000 empresas a cambiar su sede. Pero la realidad es que el efecto capitalidad hace que Madrid goce de mejores infraestructuras y facilita la concentración empresarial. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid y casi el 60% de las adjudicaciones públicas se hacen a empresas residenciadas en la capital. Es decir, la economía madrileña compite dopada por el BOE,
Al `efecto capitalidad' que facilita la concentración empresarial en la capital de España se suma una política fiscal ejercida por los gobiernos madrileños que auspicia el centralismo económico
mientras otras comunidades se las apañan con sus recursos. No es el dopaje estatal el único problema. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reclamaba el lunes a Pedro Sánchez un trato diferencial para Madrid y aseguraba carecer «de medios» para afrontar la crisis del covid-19. Sin embargo, había anunciado días antes una nueva bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF. Es decir, que Madrid se permite el lujo de dejar de ingresar 4.100 millones al año por las minoraciones impositivas en el impuesto de la renta, la exención del impuesto de patrimonio y las bonificaciones en los de sucesiones y donaciones, pero exige más ayuda al Estado. Esa política supone dumping fiscal con el resto de las comunidades al atraer con sus beneficios fiscales a empresas y a ciudadanos con rentas y patrimonios altos.