El Gobierno abre un nuevo frente con el Poder Judicial
Justicia admite que se vetó al Rey por la sentencia de Torra
Con la polémica por la ausencia del Rey en la entrega de despachos judiciales aún viva, el Gobierno ha abierto otro frente con el Poder Judicial. Con este al menos el objetivo es claro: tratar de evitar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo que empezará a realizar el CGPJ en su pleno de mañana. ¿El motivo? Que el órgano de gobierno de los jueces lleva casi dos años caducados. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha verbalizado los motivos del Gobierno por los que se vetó a Felipe VI en Barcelona y de pedir al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que mantenga la paralización de los nombramientos.
Después de una semana dejando votar la pelota, Campo por fin explicó en RNE el por qué del veto del Rey: «para velar por la convivencia» y no añadir «tensión» ante la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Quim Torra y la cercanía del tercer aniversario del referéndum del 1-O, como habían adelantado fuentes del Gobierno a este diario. En su opinión, el responsable de la polémica suscitada había sido el propio Lesmes, por haberse empecinado en poner una fecha del acto, el 25 de septiembre, que a su juicio era inconveniente.
También afirmó que es «imputable» a Lesmes, entiende Campo, la «extralimitación» de funciones, sino a un Consejo cuyo mandato caducó hace casi dos años, que arrastra una «descomposición» por no haber sido renovado. El ministro aprovechó de nuevo para instar al PP a que dé «cumplimiento» a la Constitución y facilite el recambio en las instituciones.
El Gobierno omite que este CGPJ es el único que ha procedido a paralizar los nombramientos a la espera de un acuerdo entre las fuerzas políticas que aún no se ha producido. Para Campo mantener esa paralización sería una «medida de apoyo a la obligada renovación de los órganos constitucionales». «Lesmes sabrá qué tiene que hacer», añadió.
En el orden del día del Consejo está la elección de tres presidentes de las cinco salas del Supremo. En concreto, el pleno del CGPJ debe debatir y votar mañana la provisión de tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), así como las presidencias de lo Contencioso, de lo Social y de lo Militar de este mismo tribunal.
Hrefleja que primero Rosell le dio de alta, el 24 de febrero del 2012, hasta el 30 de noviembre del 2014. El 12 de noviembre del 2015, Sosa se convirtió en su empleadora hasta que le mandó por Whats-App una carta de desistimiento, el pasado 26 de junio, con el preaviso de la extinción del contrato a partir del 16 de julio.
La exempleada denuncia que en enero y febrero del 2015 trabajó para ambos sin contrato y cobró «en dinero negro, siendo el modus de pago unas veces en mano y en metálico y otras, mediante el abono por transferencia bancaria».
Por otro lado, el Tribunal Supremo (TS) ha abierto una causa penal al secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, al apreciar indicios de que pudo cometer atentado a la autoridad y lesiones en una manifestación del 2014 en La Laguna (Tenerife).
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