El Gobierno prorroga el veto a los desahucios hasta el 31 de enero
El Consejo de Ministros aborda hoy ampliar las medidas aprobadas inicialmente en marzo Se extiende también la prohibición de modificar los alquileres que venzan en el nuevo periodo
El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de realizar desahucios durante la crisis sanitaria y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado escudo social para paliar las consecuencias económicas de la crisis del covid-19 en la población más vulnerable –aquellos que pueden demostrar una caída importante de sus ingresos por causa de la epidemia– que fueron aprobadas en consejo Consejo de Ministros el pasado mes de marzo. El Ministerio de Transportes destacó ayer que esa es la propuesta que se pretende llevar a la reunión ministerial que tendrá lugar hoy martes, si bien la Secretaria de Vivienda, que depende de ese ministerio, aún no había dado el visto bueno ayer.
Un vez reciba la luz verde del Consejo de Ministros, la prohibición de ejecutar lanzamientos se sustentará en las mismas condiciones marcadas en el decreto-ley del 14 de marzo, y se amplía otros cuatro meses, hasta el 31 de enero, junto con la obligación de mantener los contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas, de manera que no se podrán modificar los contratos que venzan durante este periodo.
También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores de alquiler con más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros, o que sumen más de 1.500 metros cuadrados alquilados. Tendrán que decidir entre quitas del 50% del precio del arrendamiento o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años, como ya se aprobó en marzo.
El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos –es una prioridad del vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias–, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad panistros ra la formación morada, informa Europa Press.
Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta el 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos. Podemos y sus socios incidían en que estas medida debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma», del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE.
El documento que el PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre política social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de sumiy el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «alargue y amplíe» como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de familias en extrema situación de vulnerabilidad.
La prórroga del escudo social aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis sanitaria, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilización del bono social a este colectivo, finaliza mañana, mientras que la prohibición de ejecutar desahucios concluye el viernes. El Ejecutivo dio luz verde a las medidas sociales al principio del estado de alarma con varios decretos, sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de ayudas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección a los colectivos más vulnerables y así aliviar las cargas financieras de la hipoteca, el alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre. Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta hoy y tendrá una duración de tres meses. Respecto a los arrendatarios, la prórroga será de seis meses. Por su parte, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta el viernes, aunque mañana se ampliará hasta finales de enero del próximo años.
El Ejecutivo fijó en su primer paquete legislativo varios requisitos para considerar que se está en situación vulnerabilidad: estar en desempleo total o parcial (erte) en el caso de las personas físicas; y, en el caso de empresario y autónomos, acreditar una caída de ingresos o de su facturación del 40%. También, en el caso de las familias, se exige que los ingresos mensuales no superarán tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que en el 2020 es de 587,8 euros.
HLa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elevado hasta el 14,2% del PIB su previsión sobre el gasto en pensiones en el 2050. Esta tasa se sitúa 3,3 puntos por encima del nivel actual, del 10,9% del PIB, y eleva en un punto la estimación que hizo el propio organismo en enero del 2019, cuando proyectó un gasto del 13,2% en el 2048.
Según la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, el actual empeoramiento de la previsión de gasto respecto a la formulada en enero del 2019 tiene que ver con dos factores. Por una parte, el nuevo informe presentado ayer incorpora algunas de las medidas normativas adoptadas por el Ejecutivo desde entonces, que suponen un mayor gasto (esto implica tres décimas del empeoramiento total de un punto respecto a enero del 2019). Pero, sobre todo, pesan los factores demográficos. La Autoridad Fiscal ha rebajado ligeramente la tasa de fecundidad prevista hasta el 2050. También ha corregido ligeramente a la baja el aumento de la población vinculado a la inmigración en este periodo.
Las proyecciones de la Airef se han realizado sobre la base de una actualización anual de las pensiones a partir del IPC y dando por hecho que a partir del 2023 se aplicará el factor de sostenibilidad previsto en la ley para ir adaptando el importe de las nuevas pensiones a la mayor esperanza de vida (un año adicional por cada década). De forma puntual, la pandemia ha reducido en el 2020 casi un año la esperanza media de vida, hasta los 79,8 años en los hombres y los 85,3 en el de las mujeres. Para el 2050 se estima una esperanza de algo más de 84 años para los hombres y cercana a los 90, para las mujeres.