El CGPJ desoye las presiones y nombra unido a tres magistrados
El Gobierno trató de b frenar la elección hasta que se renovase el consejo Por primera vez, una b mujer presidirá una de las cinco salas del Tribunal Supremo
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respondió ayer a la presión del Gobierno y colectivos de izquierda para que paralizara sus nombramientos hasta ser renovado con la elección, prácticamente por unanimidad, de tres magistrados para la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), la que se ocupa de juzgar a los aforados. Recibieron 19 votos de los vocales a favor, con independencia de qué partido los propuso para el órgano de gobierno de los jueces. Solo Álvaro Cuesta y Concepción Sáez votaron en blanco.
En un voto particular, en el que se mostraba partidario de haber retirado los nombramientos, Cuesta, propuesto en su día por el PSOE, parafraseaba al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para recordar que existía «el precedente de un CGPJ en un superlativo grado de descomposición, como fue el elegido en el 2001 y que no se renovó, también por bloqueo del grupo popular, hasta el 2008». «Nadie cuestionó la capacidad de nombramientos», añade, y los realizó «hasta última hora». Fue el
El Tribunal de Apelaciones de París acordó ayer entregar a la Justicia española al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas. «La sala de instrucción del Tribunal consejo del que fueron vocales el propio Campo y el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
A uno de los nombrados, Ángel Hurtado, se le considera conservador, porque en la sentencia de la Gürtel que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP renunció a redactar la parte relativa a la caja b, que cedió a su compañero José
de Apelaciones de París ha ordenado entregar a Josu Urrutikoetxea a las autoridades españolas en virtud de una orden de detención europea emitida el 28 de febrero del 2005 para la persecución penal de hechos cometidos en el 2000 en Bilbao», según recoge Europa Press de la propia corte.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones recordó que Josu Ternera «aún debe ser juzgado en Francia», por lo que «su entrega a las autoridades españolas será aplazada», sin avanzar fecha ninguna.
Ricardo de Prada. A los otros dos, en cambio, se les atribuye una sensibilidad progresista. Son Javier Hernández, hasta ahora presidente de la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Leopoldo Puente, miembro de esa misma sala, pero en el tribunal superior madrileño.
Además, el pleno eligió a César Tolosa presidente de la Sala Tercera o de lo Contencioso del Supremo, por 18 votos, en sustitución de Luis Díaz-Picazo, muy cuestionado en su día por su gestión del recurso sobre quién debía asumir los impuestos hipotecarios. La otra candidata, Pilar Teso, solo obtuvo un voto. María Luisa Segoviano fue nombrada presidenta de la Sala Cuarta o de lo Social del TS La sede jurisdiccional aclaró que esta decisión es susceptible de recurso, algo que confirmaron fuentes de la defensa a Europa Press, precisando que se trata de una resolución en primera instancia, por lo que se puede impugnar en apelación y casación.
Además, las mismas fuentes explicaron que la decisión judicial no afecta a la libertad vigilada en la que se encuentra en estos momentos el ex jefe de ETA. El pasado 29 de julio, este mismo tribunal ordenó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica, por motivos de salud.
Josu Ternera, de 70 años, fue detenido en mayo del 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando con 19 votos a favor. Es la primera mujer que logra esta responsabilidad en los 200 años de historia del alto tribunal. Para presidir la Sala de lo Militar se eligió a Jacobo Barja de Quiroga. A ambos se los considera progresistas.
En este contexto, el primer informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete adoptado por la Comisión Europea para alertar de posibles derivas ha constatado los retrasos continuados en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la creciente lentitud de los procedimientos judiciales, la relación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno y el registro de las comunicaciones con el Ministerio de Justicia.
Bruselas afea a España el retraso en la renovación del Poder Judicial
Habandonaba la prisión de La Santé fue retenido al cerciorarse de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.
El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le reclama también por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta.
Con esta ocasión, ya es la segunda vez que la Justicia francesa se pronuncia a favor de la entrega a España del etarra Josu Ternera. El pasado mes de enero, el Tribunal de Apelaciones la autorizó para el caso de la casa cuartel de Zaragoza. Sin embargo, la corte parisina se negó posteriormente en el mes de julio a entregarlo también por la causa sobre delitos de lesa humanidad.
HJunts per Catalunya y Esquerra cerraron ayer filas y lejos de desobediencias o rupturas con la legalidad estatal –como siguió reclamando Torra en una soflama en el Parlament–, constataron que el nuevo «presidente sustituto» es Pere Aragonès y que sigue gobernando en funciones hasta las elecciones de febrero. Torra cobrará como expresidente 122.400 euros al año los próximos 14 meses. Y una pensión vitalicia de unos 92.000 euros anuales.
El Ayuntamiento de Madrid retirará las calles dedicadas a los socialistas Francisco Largo Caballero, presidente de la República durante la guerra civil (1936-1937), e Indalecio Prieto, ministro en la misma época. PP y Cs respaldaron la iniciativa de Vox, que se apoyó en la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas no descartan acciones legales para revertir la decisión, que consideran fruto de una «interpretación torticera»