Johnson endurece la lucha contra los delitos con el rechazo policial
Londres pretende extender las pulseras digitales entre los ladrones y cachear a todo sospechoso Las fuerzas de seguridad y el sistema judicial reclaman más inversión en personal y recursos
En un momento en el que los conservadores británicos pierden puntos en los sondeos, el primer ministro, Boris Johnson, presentó un plan para cargar mas duramente la mano contra la delincuencia, una iniciativa que siempre es bienvenida entre sus votantes. Johnson, en su primera salida tras abandonar el confinamiento por covid y acompañado por la ministra del Interior, Priti Patel, prometió luchar contra la criminalidad, aumentar la confianza del público en el sistema de justicia, «reducir delitos, menos víctimas y una sociedad más segura».
La oposición laborista le acusa de tratar de «arreglar problemas que el mismo ha creado», tras años de austeridad bajo mandato de los conservadores. La Federación de la Policía, integrada por 130.000 miembros y enfrentada a Patel por la congelación de los sueldos, reclama «menos falacias y más inversiones». En una carta dirigida al primer ministro, los policías señalan que no necesitan «viejas ideas presentadas como nuevas». «Lo que realmente necesitamos son inversiones genuinas en todo el sistema de justicia penal», subraya la misiva.
CACHEOS CONTROVERTIDOS El Gobierno de Londres quiere controlar con pulseras electrónicas a un mayor número de ladrones y asaltantes de viviendas cuando salgan de la cárcel, a fin de seguir sus movimientos vía satélite, 24 horas al día, y saber si se hallaban en el lugar en el que se ha cometido un nuevo robo. Se aumentarán los poderes de la policía para cachear en la calle a viandantes que consideren sospechosos de portar armas blancas.
La técnica resulta muy controvertida por ser infinitamente superior el número de jóvenes de color interpelados y ha creado tensiones en las comunidades étnicas y acusaciones de discriminación y racismo por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Las protestas llevaron a la exprimera ministra Theresa May a imponer en 2014 restricciones sobre su uso, que ahora se levantan. El pasado año las personas pertenecientes a minorías fueron nueve veces más registradas en la calle por la policía que la ciudadanía blanca.
HUMILLACIÓN PÚBLICA Una de las medidas más llamativas de las que propone Johnson es la de proporcionar a cada vecindario en Inglaterra y Gales el nombre de un policía asignado a la zona, de manera que cualquiera pueda contactarle directamente.
El Gobierno también pretende que detenidos por ofensas menores realicen tareas comunitarias, como limpiar las calles o recoger basura, «con distintivos visibles y públicos dejando claro que están pagando por sus delitos», para unir al castigo humillación. Johnson no ve por qué los condenados por comportamiento antisocial «no deben ir encadenados y con chaquetas fluorescentes pagando su deuda con la sociedad», según comentó el mandatario a los periodistas con su discutible sentido del humor.
Otra decisión que se pretende implementar en la nueva política de seguridad es la de ampliar el uso de controles de alcohol para disuadir de volver a consumirlo a los que cometieron delitos relacionados con la bebida. También aumentará la lucha contra las bandas de traficantes de drogas, expandiendo las áreas de vigilancia y aumentando las ofertas de ayuda a los adictos.
ATASCO JUDICIAL Desde que los conservadores llegaron al poder en 2010, el número de policías en Inglaterra y Gales se ha reducido en más de 20.000 efectivos, según los datos oficiales. El actual Gobierno afirma haber contratado 9.000 nuevos miembros y promete duplicar sobradamente esa cifra para 2023.
El sistema judicial tampoco cuenta con los recursos suficientes para un rendimiento óptimo. Un informe del Comité de Justicia del Parlamento británico señala que los recortes en ayuda legal están poniendo en peligro el principio de igualdad en los tribunales. A los abogados de oficio, que representan a los acusados que no pueden pagarse un abogado, no se les ha aumentado el sueldo en los últimos 20 años.
El atasco en los tribunales es colosal. En Twitter y desde el anonimato, un abogado (The Secret Barrister) respondía a la propaganda oficial antidelincuencia del primer ministro. «El caso del ladrón de una vivienda al que he procesado esta semana está fechado en el 2018. El juicio ha sido fijado para el verano del 2022. Todo eso porque Boris Johnson y sus colegas han dejado sin fondos el sistema de justicia penal. Nunca ha habido un momento mejor para ser un delincuente», decía el mensaje en la red social.
El presunto ladrón ha estado y sigue en libertad con una pulsera electrónica, tiempo que cuenta como pena de cárcel a descontar de la que pueda recibir si es condenado. «Posiblemente no va a tener que servir un solo día. Esa es la idea se Boris Johnson de ser duro con la delincuencia», denuncia el anónimo letrado.