Hacienda activa medidas para reducir la morosidad municipal
El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario que permitirá a las entidades locales pagar «de forma más ágil» a los proveedores en 2022 y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, que es el máximo establecido por ley.
El proyecto de régimen sancionador de ley contra la morosidad está paralizado en el Congreso desde hace más de un año. Este instrumento de financiación, que se amplió a raíz del aumento en los periodos medios de pago a proveedores de muchos municipios como consecuencia de la crisis del coronavirus, se incluyó en la ley de presupuestos generales del Estado para 2022 y se ha llevado a cabo a través de una resolución emitida el pasado 7 de enero por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL).
Con esta iniciativa incluida en las cuentas públicas, el Estado eludía una sanción de la Comisión Europea por la morosidad de las administraciones públicas tras el ultimátum dado por Bruselas. La directiva sobre morosidad, adoptada hace una década por la Unión Europea, obliga la Administración pública a pagar sus facturas en un plazo de 30 (60 en el caso de hospitales públicos) y a servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial. La falta de avances en este terreno llevó a la Comisión Europea a dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto contra España hace más de un lustro. Es por ello que el Gobierno se apresuró a incluir esta medida en los Presupuestos para evitar una denuncia.
Para que los proveedores puedan cobrar a través de este mecanismo, dotado inicialmente con unos 2.000 millones, la norma obliga a las administraciones a comunicar sus facturas anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al fondo de financiación a entidades locales, a través del que se efectuará el pago de dichas obligaciones. El número de entidades locales afectadas por la medida es de 1.640, la mayoría ayuntamientos.