El PSOE pide a Díaz que no pacte cambios sin los agentes sociales
Los socialistas no quieren modificaciones posteriores como ofrece la vicepresidenta La suma con Cs y pequeños partidos gana enteros tras la sintonía con Arrimadas
La negociación de la reforma laboral entra en su fase decisiva. En la última semana antes del debate de convalidación en el Congreso. Los socios habituales del Gobierno siguen muy lejos de dar su sí, mientras gana peso, para los socialistas, el plan b: esto es, sacarla adelante con el apoyo de Ciudadanos y una miríada de pequeños partidos y, como mínimo, la abstención de Unión del Pueblo Navarro. Pedro Sánchez está dispuesto a un refrendo por los pelos del decreto ley el 3 de febrero si así logra que no se toque nada del texto.
Es más, el socio mayoritario de la coalición lanza un aviso diáfano a Yolanda Díaz: no caben cambios en el marco laboral que no estén avalados por patronal y sindicatos. Es decir, que el margen de maniobra de la vicepresidenta segunda es mínimo. Para el entorno de la dirigente morada, imponer esa condición es tanto como aceptar el «derecho de veto» de los empresarios.
Las cartas van poniéndose sobre la mesa después de una larga partida de más de un mes. Tanto el PSOE como Unidas Podemos se muestran «optimistas», convencidos de que la reforma será convalidada. Pero las cuentas que hace cada socio son distintas. «Las negociaciones van bien, creemos que llegaremos a un acuerdo con los socios de investidura», apuntó ayer el presidente de los morados en la Cámara baja, Jaume Asens.
TEMOR A LOS EMPRESARIOS Los interpelados eran ERC y PNV, porque el umbral de exigencias que pone Bildu hace que las dos partes del Ejecutivo den por descartado que pueda apearse del rechazo al texto. Díaz intenta convencerles ofreciendo retoques en la legislación laboral no contenidos en la reforma pactada con patronal y sindicatos y que se tramitaran más adelante, cambios por fuera del perímetro de la reforma.
Sin embargo, los socialistas descartan totalmente esa alternativa. «Cualquier cambio en el ámbito laboral requiere del acuerdo del diálogo social», dicen en e lGobierno y el partido. La dirección de Sánchez teme que los empresarios, que avalaron el texto con tirones internos, se descuelgue con la excusa de que se ha desvirtuado lo pactado, y cree que «no tragaría» con medidas a futuro.
Pero ERC y PNV siguen aferrados al no. Los independentistas catalanes no ven «avances»: insisten en que no pueden avalar el decreto «tal como está», porque es mero «maquillaje», y no les basta con modificaciones a posteriori.
El presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, reiteró ayer en Onda Cero su negativa: considera «indispensable» para el apoyo de su formación que se garantice la prelación de los convenios autonómicos. Ortuzar reclamó al Ejecutivo «un poco de imaginación y flexibilidad» para asumir su demanda.
Si el Gobierno atendiera la petición del PNV, que es compartida por ERC y Bildu, sería el partido de Inés Arrimadas el que podría abandonar el grupo de votos favorables, y sus nueve votos son claves. La líder de los naranjas reafirmó el lunes su apoyo al decreto si no hay modificaciones en un encuentro con Antonio Garamendi y ATA y Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y ministra de Empleo con Mariano Rajoy.
«La negociación va bien. Creo que llegaremos a un acuerdo», dice Asens