Impuestos y digitalización
Buscan cómo evitar la fuga de recursos por la vía digital
La reforma fiscal no está cerrada aún. Pero los expertos que el Ministerio de Hacienda nombró para hacer propuestas ultiman el documento que quieren presentar en el plazo de un mes. «No hay nada cerrado. Ni siquiera un documento con las propuestas que se están debatiendo», afirman fuentes próximas a este grupo de sabios. En todo caso hoy está prevista una reunión de los miembros de este comité para tratar de poner en común las distintas propuestas trabajadas, con el objetivo «complicado» de que se pueda plasmar un borrador para remitirlo al Ministerio de Hacienda, según explican las mismas fuentes.
Las propuestas giran, en gran medida, en torno a incorporar la tecnología en el sistema tributario para evitar la fuga de recursos que se produce con las transacciones digitales, las criptomonedas, las family offices y otros instrumentos que erosionan las bases imponibles. Ese es, en esencia, un principio básico, que desembocó en el impuesto mínimo de sociedades para las multinacionales acordado por más de 130 países.
Según personas próximas al comité, «esa es la única vía para evitar que la forma de aumentar la recaudación sea que quienes ya pagan lo hagan más». Lo básico, agregan, es «captar parte de los recursos que se escapan por estas vías y los patrimonios que crecen sin pasar por la caja de Hacienda». España ingresó casi ocho puntos menos de PIB que la media de la zona euro entre 2011 y 2020, con un gasto público cuatro puntos por debajo en el mismo periodo, según los datos de Hacienda.
Las inquietudes
La tributación verde o medioambiental (España ingresa por esta vía el 1,77% del PIB, por debajo de la media de la zona euro, situada en el 2,35%),
El equipo
transacciones digitales o las criptomonedas como el bitcóin forman parte de las inquietudes de este grupo de sabios que propone iniciativas para ampliar la base imponible sobre la que se puedan recaudar tributos o que, como mínimo, rebajen las posibilidades de elusión de las arcas de Hacienda.
Los puntos de vista de los especialistas han desembocado en el abandono protagonizado por dos de sus componentes, los catedráticos de Hacienda Pública Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio. En abril pasado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la comisión de 17 expertos para elaborar un Libro blanco para la reforma fiscal. Presidida por Jesús Ruiz-Huerta (creador de las balanzas fiscales con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente) y con Alain Cuenca (director general del Instituto de Estudios Fiscales) como secretario, este grupo contaba con catedráticos y expertos como Fran Adame, Antonia Agulló, Olga Cantó, Laura de Pablos, Santiago Díaz de Sarralde, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Guillem López Casasnovas, Julio López Laborda, David López Rodríguez, Carlos Monasterio, Saturnina Moreno, Violeta Ruiz Almendral, Maria Teresa Soler y Marta Villar.
El comité llegó a tener 18 miembros, con la entrada posterior de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vaslas co. Y ahora, después de su marcha y la de Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, tiene 16 componentes.
En todo caso, según fuentes próximas a esta comisión de expertos, los problemas esenciales radican en los distintos puntos de vista existentes entre los expertos en Derecho tributario y los economistas, así como un exceso de miembros en la comisión que, a pesar de suponer en principio una mayor pluralidad, dificulta los consensos. Otro aspecto fundamental es la necesidad de una buena coordinación, con mano izquierda para gestionar las discrepancias y conflictos.
Distintas opciones
La idea, en todo caso, no radica en fijar una receta u otra que el Gobierno deba cumplir. «Si el Ejecutivo espera que se le diga si subir o bajar unos u otros tributos se verá defraudado», aseguran fuentes próximas al comité. De hecho, en lo que se trabaja es en dar opciones para que el Ejecutivo tenga dónde elegir.
El Gobierno, que tiene entre sus fines armonizar impuestos cedidos a las autonomías, como el de patrimonio, sucesiones o donaciones, para evitar una competencia como la que existe en la actualidad protagonizada por la Comunidad de Madrid, prevé poner en marcha la reforma fiscal el próximo año, tal y como recoge el plan de recuperación remitido a Bruselas..