La Junta acepta 92,8 millones por la liquidación del IVA de 2017
La cuantía, a la que hay que sumar los intereses, ya está en el presupuesto de 2022 El Ejecutivo también aprueba un paquete de 94,2 millones para financiación municipal
El Gobierno central va a devolver a Extremadura 92,8 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017. La cantidad, que ya está prevista en los presupuestos autonómicos de 2022, no incluye los intereses de demora, que se regularán en una orden ministerial posterior y por tanto la cifra final será aún superior. «Nosotros siempre preferimos el diálogo a la vía judicial y en este caso ha dado sus frutos», destacó ayer el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
Según el Ejecutivo extremeño, este problema viene por una decisión «injusta y desleal» del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidaron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 92,8 millones de euros que no han sido transferidos (en un principio se habló de 86). Esta cantidad ya se gastó en 2019 porque se contaba con ella y como consecuencia, en los años posteriores ha tenido su impacto en el déficit autonómico.
Estos casi 93 millones se reclamaron «formalmente» al Ministerio de Hacienda en febrero del año 2020 a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ante la fal
El Consejo de Gobierno ha au- torizado también la firma de un convenio con el Ministerio de In- clusión, Seguridad Social y Mi- graciones para un proyecto de inclusión social que contará con 8,8 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La finalidad de este programa, denominado Plan Vital de Inclusión Social, es mejorar la calidad de vida de los preceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Extremeña Garantizada (REG) mediante el diseño y desarrollo de itinera- rios de inclusión social y laboral desde enfoques de atención centrada en la persona y partici- pación comunitaria, que permi- tan su inserción definitiva. Así, se llevarán a cabo intervenciones coordinadas en tres ámbitos diferentes: los servicios sociales, el empleo y la sanidad, explica la Junta de Extremadura. El Plan Vital de Inclusión Social consistirá en diseñar un plan individual para cada uno de los participantes. Incluirá actuaciones personalizadas, en función de sus necesidades, y que abarcarán un conjunto de áreas en ámbitos como salud, vivienda, educación, empleo, accesibilidad o soluciones energéticas. Además, se complementará con «una oportunidad de empleo real» para un conjunto de los participantes que cumplan determinados requisitos. Desde que se pusiera en marcha en mayo del año 2020, cerca de 10.000 extremeños perciben el Ingreso Mínimo Vital. ta de pago, otras comunidades como Castilla y León, Galicia, Cataluña o Madrid optaron por denunciar y recurrir a la vía judicial.
SENTENCIA FAVORABLE En abril de 2021 el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez en una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León, que reclamaba 182 millones de euros, y en mayo hizo lo propio con Galicia (204 millones), lo que obligó al Gobierno a movilizar una primera partida de 3.500 millones de euros para saldar en 2022 la deuda con autonomías y ayuntamientos, que se financian también con una parte del IVA. En total, la cuantía pendiente del Gobierno con las comunidades por este concepto se estima en 4.150 millones de euros.
A diferencia de lo que hicieron otras comunidades autónomas, Extremadura apostó por el diálogo en lugar de recurrir a la vía judicial alegando que no todos los conflictos los tiene que resolver un juez. Una estrategia que ahora, según González, «ha dado sus frutos» y permitirá que Extremadura pueda cobrar su deuda con intereses de demora. «Lo excepcional es que por fin un gobierno reconoce que aquello que sustrajo otro gobierno no era legal, y lo ha devuelto a las comunidades autónomas», insistió ayer.
FINANCIACIÓN MUNICIPAL Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a varios programas colaborativos para la financiación municipal dotados en conjunto con 94,2 millones de euros. Se trata de una nueva planificación para la financiación municipal que permite a los alcaldes conocer los fondos con los que contarán en este ejercicio para planificarse y poder prestar «servicios de calidad». Viene a sustituir las habituales convocatorias de subvenciones anuales para financiar servicios esenciales por un modelo de
Los preceptores del Ingreso Mínimo Vital participarán en un programa de inclusión
A consecuencia de la reforma de Rajoy, las entregas a cuenta se liquidaron sobre 11 meses en lugar de 12
transferencias corrientes similar al que utiliza el Estado con las comunidades autónomas.
Así, de estos 94,2 millones de euros, González detalló que 59 irán «directamente a empleo» para realizar en torno a 3.400 contrataciones (en este paquete se incluyen los tradicionales planes que se ponían en marcha cada año, como el Experiencia o el Plan de Empleo Social); 2,7 millones al mantenimiento de los centros de educación infantil; 3,5 millones a la financiación de las ayudas de mínimos vitales; 5,8 millones para las ayudas sociales de contingencias y más de 22 millones de euros para el mantenimiento de residencias y centros de día.
«Existe el compromiso de que la financiación municipal sea adecuada, suficiente y la mejor posible», dijo González, para quien la Junta es «uno de los gobiernos más municipalistas de España». Según sus datos, la financiación municipal per cápita se sitúa en la región en torno a 207 euros, frente a 99 del resto del país.