El veto del PSOE a tocar la reforma laboral cohesiona a ERC en el `no'
Esquerra mantiene que lo ideal sería un acuerdo y no descarta movimientos antes de la votación El partido ve un excesivo afán de protagonismo a la vicepresidenta Díaz en su beneficio personal
Puede parecer paradójico, pero el no a la reforma laboral, asentado sobre las bases de que es una iniciativa insuficiente, alejada de la prometida derogación, y, sobre todo, que llega a los republicanos bajo la etiqueta de no tocar, es decir, no se puede negociar, es quizá el elemento más cohesionador en ERC del último lustro. Eso en una organización que se define como de izquierdas, de la familia socialdemócrata.
Es un no que se fundamenta en el fondo y se hace irreversible en las formas. Porque si el Gobierno se abriera a negociar, tal y como se le reclama, a buen seguro que abriría una mínima disparidad de criterios internos sobre la conveniencia o no de aceptar lo negociado. Pero sin sentarse a abordar los temas clave de la reforma, como la primacía de los convenios colectivos catalanes y que la Generalitat sea la última autoridad sobre los ERE en Cataluña, no hay caso.
«¿Qué es esto de que el presidente de la CEOE [Antonio Garamendi] diga que no se pueda tocar ni una coma del pacto alcanzado y el presidente del Gobierno traslade la orden para que en el Congreso, donde reside la soberanía nacional, no se cambie el texto?», se pregunta una voz del sector más posibilista de ERC. Y sigue: «Esta reforma laboral es algo que se ha gestado en un despacho para que afecte a millones de trabajadores. Ni es es de izquierdas ni mucho menos es nueva política y, además, recuerda a otros tiempos», sentencia en referencia obvia, primero, al Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos y, segundo, a la militancia podemista de la artífice de la iniciativa, Yolanda Díaz.
«Es la segunda ley clave que nos enteramos por los medios de comunicación, tras la del audiovisual», constata una segunda voz que hace suyas las que Marta Rovira expresó la semana pasada cuando se preguntó: «¿Por qué el PSOE no ha buscado a la mayoría progresista del Congreso y ha obrado de espaldas a ella, tratando de imponer un trágala para su aprobación? Una posible respuesta la da un correligionario suyo: «Nos busun can ahora para blanquear la foto».
Este correligionario introduce un elemento siempre presente en política: la táctica política. «Al PSOE ya le va bien que Díaz, a la que algunos han presentado como posible rival seria de Pedro Sánchez, se queme en este trámite de la reforma laboral. Y a ERC, algún varapalo al Gobierno no nos vendría mal». Además, el no republicano, y de Junts, EH Bildu, CUP y BNG, forzaría al Ejecutivo de Sánchez a apoyarse en Ciudadanos o incluso el PP. «La foto de Inés Arrimadas y Yolanda Díaz sería Colau-Valls 2.0», sentencia una voz estratega de los republicanos, recordando que la alcaldesa de Barcelona debe la vara de mando al apoyo de quien tanto había vituperado, Manuel Valls.
No se ha granjeado Yolanda Díaz muchas simpatías en ERC. Los republicanos le atribuyen un excesivo afán de protagonismo y una brújula que orienta siempre sus pasos en beneficio personal, de su candidatura en las próximas elecciones al Congreso. Hace un par de semanas, fue Gabriel Rufián, al que cabe situar en el sector más izquierdoso de ERC, tildó la reforma laboral de «mero maquillaje» de la aprobada en su día por el PP y, además, de ser un proyecto «personalista» de la propia vicepresidenta.
Joan Tardà, el líder moral de esta corriente más roja, señaló en un artículo en El Periódico de Catalunya que «el texto sigue validando cuestiones publicitadas desde siempre como inaceptables por parte de ERC». ¿Puede tener costes para Esquerra mantenerse en ese no, máxime cuando los sindicatos
Los republicanos ven inaudito que la CEOE `dictamine' qué se puede negociar en el Congreso
defienden la reforma de Díaz? En el mismo artículo, Tardà recuerda que si ERC tiene las manos libres es «porque no tiene ningún vínculo exclusivo a ningún sindicato en particular por el hecho de que en él conviven diferentes corrientes sindicales». Una visión más práctica, e irónica, la ofrece otra voz, que señala que «entre los miembros de los sindicatos que se hacen la foto con Yolanda Díaz», en referencia a sus dirigentes, especialmente los catalanes, «pocos son votantes nuestros».
También coinciden todos los sectores de ERC en que lo deseable sería un acuerdo. En las últimas semanas se han mantenido conversaciones, pero fuentes parlamentarias apuntan que apenas se puede tildar propiamente de negociación. Hay de plazo hasta el 3 de febrero, fecha prevista para la votación, y nadie descarta que el teléfono suene, esta vez sí para negociar, pocas horas antes de que expire el plazo. «Sería típico de ellos [del PSOE]», dice, resignada, una voz habituada a tratar con los socialistas en Madrid.
Cinco vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda– insisten en validar el texto de la ley de vivienda que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el próximo martes frente al criterio de la mayoría de este órgano, que el jueves aprobó un dictamen muy duro contra los planes del Gobierno por invadir competencias autonómicas y por las medidas previstas para contener los precios del alquiler.
El voto particular, que se extiende más de cien páginas, incide en el análisis realizado por el primer ponente del dictamen, el exdiputado socialista Cuesta. Así, subraya la vocación del Gobierno por aprobar una «norma básica» estatal en materia de vivienda sin perjuicio de las normas sobre la materia que existen en cada comunidad autónoma.
En cuanto a la intervención del alquiler, los vocales discrepantes subrayan que el anteproyecto del Gobierno no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica, pues no conlleva cargas desproporcionadas y excesivas para los arrendadores. Así, el anteproyecto se mueve según estos vocales «dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Bajando a lo concreto, afirman que sistema previsto por el legislador, que combina la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en las zonas denominadas de «mercado tensionado» con límites a las rentas de dichos arrendamientos, «acoge mecanismos regulatorios utilizados en países de nuestro entorno».
El ala progresista insiste en validar la ley de vivienda