La fiscalía inicia diligencias por el contrato del hermano de Ayuso
El ministerio público quiere «confirmar o descartar» el efecto penal de los hechos Anticorrupción concreta que las denuncias son por la compra de mascarillas
José Ignacio Echániz, Sandra Moneo, Adolfo Suárez Illana y Pablo Hispán) firmaron una carta en la que también exigieron la destitución inmediata del secretario general, Teodoro García Egea. De nuevo, Casado pudo ver cómo un político amigo como Suárez Illana y un exjefe de su gabinete, Hispán, mostraban en público su desacuerdo con la decisión de Casado de no dimitir.
«No me gusta este escarnio público», se lamentaba en el patio del Congreso Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del partido. Fanjul fue una de las pocas diputadas que salió este martes a dar la cara por Casado. Fanjul admitió que reconoce la «valentía» de los primeros cargos que rompieron con el líder del PP en esta crisis, pero dijo no entender la cascada de dimisiones y declaraciones para cuestionar al dirigente de los populares.
Sobre las cinco de la tarde llegó el reproche en Twitter de todos los
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación en relación con las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos por posibles delitos de corrupción relacionados con el contrato de Priviet Sportive al que la Comunidad de Madrid adjudicó por el procedimiento de emergencia la compra de mascarillas en abril de 2020 y en el que habría participado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, informaron fuentes fiscales.
En el decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se admite una «falta de concreción» en las denuncias, pese a lo cual estima que «resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados». Rechaza, por el momento, trasladar el asunto a la Fiscalía del Supremo, órgano ante el cual estaría aforada la presidenta madrileña.
Entre las razones para emprender esta investigación, Luzón cita «la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución», así como por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».
El pasado viernes, Díaz Ayuso, reconoció que su hermano cobró 55.000 euros más IVA –lejos de los casi 300.000 apuntados por el presidente del PP, Pablo Casado– de la empresa Priviet Sportive. En su decreto, Anticorrupción concreta que las denuncias se refieren a la compra de 250.000 mascarillas
FFP2-3 por un precio unitario de cinco euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, SL, en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta autonómica. En ellas se acompañaba copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el «comunicado de la presidenta madrileña tras las noticias sobre presunto intento de espionaje», con fecha de 17 de febrero de 2022.
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