Los obispos rectifican y abren una «nueva etapa» ante la pederastia
La Conferencia Episcopal Española investigará el pasado y presente de los casos de abusos contra los menores Propondrá pagar indemnizaciones e incluirá a las órdenes religiosas y tiene 12 meses para difundir la investigación
Después de años evitando encarar con firmeza el drama de los abusos sexuales a menores, asegurando que ya estaba haciendo todo lo que podía hacer y rechazando cualquier iniciativa externa para esclarecer estos hechos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) admitió ayer que no podía continuar así. Durante la presentación de la auditoria que ha encargado al despacho Cremades & Calvo Sotelo sobre estos delitos, su presidente y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, pronunció frases contundentes, que denotan un presunto propósito de enmienda respecto a su comportamiento anterior. «Lo importante es estar cerca de las víctimas. Queremos acompañarlas y esclarecer estos hechos. A nosotros nos lleva un tiempo reflexionar y tomar una decisión. Lo importante no es mirar al pasado, sino mirar al futuro. Estamos decididos», dijo. Según el presidente del bufete de abogados que llevará a cabo la auditoría, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, se investigarán tanto los abusos pasados como los presentes, el trabajo dará pie a indemnizaciones a las víctimas, incluirá a las órdenes religiosas y tendrá 12 meses de duración. Ya hay un correo electrónico de denuncias: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.
/Habrá al menos 18 personas trabajando en la investigación (muchas de ellas exmagistrados del Constitucional y el Supremo, como Encarnación Roca, Rafael Fernández Montalvo y Juan Saavedra), y cuando esta termine hará públicas las conclusiones de su informe, que supondrá una tarea «complementaria» a la que lleven a cabo las autoridades públicas, en principio a través de la comisión que propone el Gobierno, liderada por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. El propio Cremades se puso en contacto con el exministro socialista, tras conocerse la noticia de la auditoría. Aun así, la participación de la Iglesia española como miembro de la comisión de Gabilondo, que aún no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, continúa siendo una incógnita. Fuentes del Gobierno aseguran que la CEE se acabará sumando, porque no le queda más remedio, pero los prelados mantienen su silencio sobre cuál será la respuesta oficial. Ayer, el propio Omella eludió contestar a una pregunta directa en este sentido. En todo caso, la auditoría viene a adelantarse a los esfuerzos de los poderes públicos y fija una fecha clara, 12 meses, para difundir la investigación. La
Iglesia católica, normalmente a la defensiva, toma aquí la iniciativa, en un movimiento que va en una dirección muy distinta a la seguida hasta ahora.
Los obispos siempre habían dicho que su propia investigación, basada en las denuncias de víctimas ante las distintas diócesis y que cifró en solo 220 los abusos cometidos por sacerdotes durante las últimas dos décadas, era suficiente. Cuando se les pedía su opinión sobre iniciativas como la de la Iglesia francesa, que impulsó un informe que en octubre pasado concluyó que desde 1950 unos 216.000 menores habían sufrido abusos por parte de cerca de 3.000 religiosos, explicaban que respetaban ese enfoque, pero que ellos iban por otro camino. Ahora, en cambio, ese informe del país vecino, llamado Sauvé, supone un modelo a estudiar. Y también otra iniciativa, puesta en marcha por la archidiócesis de Munich con el despacho de abogados Westpfahl Spilker Wastl. Dos miembros de ese bufete acudirán una vez al mes a Madrid para asesorar al equipo español. La convocatoria de ayer en la sede del despacho de abogados, que ocupa tres pisos de un edificio situado en la mejor zona del barrio de Salamanca, con las escaleras repletas de fotografías de personalidades como Felipe González, Donald Rumsfeld y Shimon Peres, fue abundante en mensajes sobre el cambio en la Iglesia Católica española y el «nuevo cauce» que ahora abre.
«Tenemos que dar un paso al frente», afirmó ayer el cardenal de Barcelona, Juan José Omella
La participación de la Iglesia en la comisión de expertos aún es una incógnita
/«La CEE «AYUDA A LAS VÍCTIMAS» quiere dar un paso más en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y de colaboración con las autoridades. Por eso el encargo al despacho de abogados de una investigación independiente. Nos parece que tenemos que dar un paso más al frente. Nuestro principal objetivo es la ayuda a las víctimas y su reparación. La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad», señaló Omella. «Afrontamos este trabajo sin ninguna frontera ni límite», añadió Cremades. Dentro de un año se sabrá si es verdad. Las víctimas, de momento, observan el anuncio con «desconfianza».