Andorra investiga por la `operación Cataluña' a Rajoy y Fernández Díaz
España presionó a ▶ BPA para conseguir datos de políticos independentistas
Ahora se comunica la admisión de una querella que se presentó hace 2 años
Una jueza andorrana cursó el pasado 20 de mayo a España una comisión rogatoria para comunicar la admisión a trámite en 2020 de una querella contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para recabar información de distintas personas, entre ellas, Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. La jueza Sthéfanie Garcia les da 15 días para que se personen en las actuaciones, a través del abogado andorrano que designen o el de oficio que se les asigne. Estas son las claves del caso:
¿Quién la presenta? La querella se presentó en 2016 por los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la BPA, contra policías españoles que supuestamente les presionaron para conseguir información financiera sobre ciudadanos catalanes. En la última ampliación de la querella, en 2019, el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) se dirigió contra Rajoy y sus ministros, tras oír al excomisario José Manuel Villarejo –principal imputado en el caso en el que se investigan las cloacas policiales– declarar como testigo que participó en este supuesto capítulo de la operación Cataluña, pero el cierre del banco solo pudieron hacerlo sus superiores. Pese a aparecer como afectados, los Pujol no han pedido personarse en el procedimiento, a diferencia de en la Audiencia Nacional, donde intentaron sin éxito ejercer la acusación contra Villarejo en el caso Tándem. Desde el entorno de la familia del expresidente catalán se apunta a que el procedimiento seguido en Andorra puede ser una vía utilizada por los que eran responsables del banco intervenido para no hacer frente a sus responsabilidades. Los Cierco reclaman 141 millones al Estado por el cierre de la entidad financiera.
¿Es normal una tramitación tan lenta? Desde el lDHA se justifica la demora de dos años de la comisión rogatoria cursada a España para comunicar la querella en el colapso que sufre la justicia del principado por los centenares de procedimientos que arrastra desde la intervención en 2015 de BPA y su filial, el Banco de Madrid, por las reclamaciones de sus clientes para recuperar su dinero. Durante estos años los querellantes han ido entregando en el Juzgado de
Instrucción Especializada número 2 de Andorra documentación, como las respuestas que daban los querellados en la comisión del Congreso de la operación Kitchen.
¿Son delitos perseguidos en España? Son coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y documento falso. Existen en España pero son difíciles de acreditar en el marco de una solicitud de información a un banco para investigar delitos. Fuentes fiscales destacan a este diario la buena colaboración con Andorra.
¿La tiene ya la defensa? Los abogados consultados no tenían aún la comisión rogatoria. La jueza andorrana se la trasladó a sus autoridades de Justicia y Exteriores. Y en España se repitió el recorrido: Exteriores, Justicia y juzgados de instrucción del lugar donde residen los querellados para proceder a la notificación.
¿Es lo mismo querellado que imputado? Se usa de forma equivalente, porque en esa condición se toma declaración a un querellado, aunque haya sido citado únicamente para hacer una mínima averiguación sobre la verosimilitud de los hechos denunciados y archivar las actuaciones. Pero no suele considerarse imputada a una persona hasta que es citada ante el juez, lo que aún no ha ocurrido con el expresidente del Gobierno. El principado no está en la UE, así que no puede forzar su entrega con una euroorden.
¿Quién está querellado? Además de Rajoy y sus ministros, los querellados a los que se trata de notificar ahora son: el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y el inspector que estaba agregado a la Embajada española de Andorra Bonifacio Díez.
¿Y las autoridades andorranas? Francisco Martínez remitió una carta a los Cierco, que adelantó el diario El Mundo, en la que destacaba la rapidez con la que se había hecho por las autoridades estadounidenses la intervención del BPA por blanqueo.