Johnson se aferra a su polémica ley de deportaciones a Ruanda
El primer ministro británico se plantea abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos El líder conservador acusa a los abogados de los migrantes de «complicidad con bandas criminales»
Un Boing 767 permanecía estacionado anoche, al cierre de esta edición, a la espera de despegar rumbo a Ruanda en la base de la Royal Air Force de Boscombe Down, a 130 kilómetros de Londres. Varias unidades de la policía vigilaban la zona, en el condado de Wiltshire. En una última jornada de apelaciones en los tribunales de quienes trataban de evitar ser deportados, el número de los que finalmente debían subir al avión fue significativamente más bajo de lo previsto inicialmente.
Si en un primer momento el Gobierno del Reino Unido anticipó un envió de 150 irregulares, fueron siete, según los medios británicos, los que debían hallarse a bordo de un vuelo que ha costado 600.000 de euros. Un sin sentido que no resuelve en absoluto el problema. El mismo martes 300 sin papeles llegaron al puerto de Dover en lanchas. El lunes había sido más de un centenar.
El Gobierno de Boris Johnson dejó claro que daba igual el número de expulsados. El vuelo, que no había despegado a causa de problemas legales, debía salir a toda costa a modo de ejemplo disuasorio para desalentar a las redes que organizan el tráfico humano en el Canal de la Mancha. «Ha sido enormemente difícil el encontrar una forma de hacerlo que sea humana. No es razonable tratar de mandar de vuelta los barcos cuando son detectados en el canal, son aguas muy peligrosas, tenemos que trabajar de manera humana y con compasión, porque es lo correcto, pero al mismo tiempo debemos quebrar el modo de operar de las bandas», declaró Johnson al inicio del consejo de ministros.
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REFORMA LEGAL A pesar de la enorme controversia y las dificultades legales, Johnson está dispuesto a seguir adelante con los planes de deportación al país africano. «Pensamos que hemos establecido una asociación adecuada con Ruanda. Y sí, quizás lleve un tiempo el que funcione adecuadamente, pero eso no significa que no vaya continuar». El primer ministro cargó contra los abogados que están tratando de detener las deportaciones y les acusó de «complicidad
en el trabajo de las bandas criminales con la que socaban la confianza en el sistema legal».
Al ser preguntado si dadas las trabas legales no sería el momento de que el Reino Unido dejara la Convención Europea de Derechos Humanos, Johnson no descartó tal posibilidad. «¿Sería necesario cambiar algunas leyes para ayudarnos a avanzar? Podría ser así. Todas las opciones están en constante revisión», fue su respuesta. Esa decisión sería aún más drástica y controvertida, pero el globo sonda ya está lanzado.
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CARTA DE LOS OBISPOS Las críticas que ha suscitado la política de expulsión a la fuerza de individuos que en muchos casos llegan pidiendo asilo, huyendo de países en guerra, donde han sufrido persecución y violencia, dejan frío a Johnson y dividen a los británicos. El 44% cree que es una buena idea, el 40% se opone.
En una carta al diario The Times los 23 obispos de la Iglesia de Inglaterra con escaño en la Cámara de los Lores, encabezados por los arzobispos de Canterbury y de York, calificaron de «inmoral» un plan «que avergüenza a Gran Bretaña». «Esos deportados a Ruanda no tienen posibilidad de apelar o de reunirse con su familia en Gran Bretaña. No se ha tenido en consideración su petición de asilo, el reconocimiento de su condición médica o de otras necesidades». El mismo diario se hacía eco el fin de semana de un comentario privado del príncipe Carlos calificando de «horrible» la nueva práctica migratoria. Johnson negó que el comentario fuera cierto pero ninguna fuente de Buckingham lo ha desmentido.
El acuerdo con el Gobierno de Ruanda se alcanzó el pasado abril y en ese momento el primer ministro anunció que se enviarán a aquel país, «decenas de miles» de irregulares en los próximos años. El esquema se aplicará a los hombres sin familia, que entren ilegalmente en lanchas o camiones. Los expulsados no tendrán la posibilidad de retornar al Reino Unido. El suyo, se especificó, será «un billete sólo de ida», a no ser que el Tribunal Supremo decida en las próximas semanas otra cosa, tras una revisión en profundidad aún pendiente del plan del Gobierno.
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