El Gobierno baraja un tributo a las compañías energéticas
El PSOE y Podemos ▶ negocian incorporarlo en los Presupuestos
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que el Gobierno baraja la creación de un tributo específico para las compañías energéticas. «Es importante ver si es necesario establecer una fiscalidad adicional para las empresas eléctricas y si es necesario una especial para gasistas y petroleras en el contexto de los Presupuestos», ha reconocido Ribera un día después de que su colega en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, anunciase la existencia de este debate en el seno del Ejecutivo.
«A la vista de la situación inflacionaria, creemos que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas. Nunca había pasado en democracia una enorme transferencia de las rentas de la ciudadanía a las eléctricas. Las eléctricas tienen que comprometerse con nuestro país. No es nada extraordinario. Nos parece que para compensar hay que aportar los que más tienen», decía la vicepresidenta primera el lunes.
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RECARGO ESPECIAL Si bien Díaz situaba esta medida dentro del decreto anticrisis que aprobará en las próximas semanas el Gobierno para paliar el efecto de la guerra de Ucrania en los bolsillos de los consumidores, Ribera ha redirigido la mirada hacia los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. «Cada cosa a su tiempo», aseguró ayer la ministra competente en materia de energía a RTVE.
Ribera no dio detalles sobre la propuesta concreta en la que trabajan, pero la formación morada aboga por establecer un recargo especial y temporal sobre los beneficios de estas empresas a través del impuesto de sociedades, incrementando su tributación.
En la actualidad, las compañías eléctricas están sujetas a un mecanismo de recorte de sus beneficios extraordinarios por el alza del gas del que están exentas todas las centrales que tengan contratos con un precio inferior a los 67 euros por megavatio-hora. Ni el Gobierno ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han revelado la cuantía de este recorte que se utiliza para reducir el precio de la factura de la luz y que ya lleva ocho meses en marcha. Sin embargo, las empresas presumen de que no tiene efectos en sus cuentas. El Ejecutivo pretende prorrogar esta medida hasta finales de septiembre dentro del decreto anticrisis.
Si bien el Gobierno abre la puerta ahora a una «fiscalidad adicional» y diferente a este mecanismo de recorte que tiene un carácter extraordinario, lo amplía además al resto de empresas del sector de la energía cuyos precios también se han disparado en los últimos meses por la guerra.
En este sentido, al ser preguntada sobre la posibilidad de que las petroleras hayan incrementado los precios del suministro para absorber el descuento de 20 céntimos a los carburantes, la vicepresidenta tercera reconocía que es «un poquito complicado seguir la pista» de los precios de gasolina y diésel porque se trata de un mercado libre en el que las compañías pueden poner el precio que quieran y en la actualidad las materias primas energéticas tienen precios disparados en los mercados internacionales. No obstante, Ribera añadió que hay que analizar la diferencia entre estos precios, algo que hace de oficio la CNMC, pero también la rendición de cuentas de estas empresas «por si fuera necesario introducir medidas fiscales sobre estos beneficios».
El Gobierno no descarta realizar cambios sobre la bonificación de 20 céntimos para hacerla más selectiva si se encuentra una fórmula «ágil y rápida» de hacerlo. «Estamos viendo si hay manera de precisar quiénes son los sujetos diana de esa medida», reconocía.