El Gobierno planea una ley nacional para revertir la privatización de centros sanitarios
Aprobado el proyecto de ley de equidad que blinda el acceso universal a la sanidad pública También da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y elimina el copago
l Consejo de Ministros aproEbó
ayer el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que blinda el acceso universal a la sanidad pública, da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios y elimina los copagos. Una ley que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, «va a mejorar la vida de la gente» porque blinda la sanidad publica, «amplía derechos que el gobierno del PP había suprimido y elimina que se puedan establecer nuevos copagos». La ministra anunció, además, que será el Consejo Interterritorial el que determine las pautas para decidir si las comunidades que decidan acudir al modelo indirecto -sanidad privadacumplen o no los requisitos para hacerlo y que la ley contempla una «modificación legislativa y normativa» a nivel nacional para facilitar a las autonomías revertir la privatización de centros sanitarios.
La ministra de Sanidad compareció en rueda de prensa junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para dar cuenta de dos «asuntos de máxima relevancia» que atañen a su departamento aprobados en el Consejo de Ministros. El primero, la aprobación de la ley de equidad como anunció el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una normativa que servirá para blindar la sanidad pública y evitar que «no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma», destacó el jefe del ejecutivo. El segundo, el plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental, que cuenta con una dotación presupuestaria de 44 millones de euros.
Carolina Darias detalló los aspectos más importantes de la nueva normativa que, dijo, parte de la idea «de la importancia del valor de lo público». La eliminación progresiva de los copagos es uno de los compromisos adquiridos por su departamento. Según detalló la ministra, la nueva ley modifica varias normativas previas, como la Ley 14/86 General de Sanidad o la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad y del SNS y deroga la Ley 15/1997, de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad Pública y que, de alguna manera, facilitaba su privatización.
Ahora, en una aprobación en segunda vuelta, la ley de equidad ha introducido cambios, indicó Darias, en alusión a las críticas de UP referentes a que la norma se queda corta y aún deja una puerta abierta a la privatización de los servicios sanitarios. «Hemos llegado has
ta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar», puntualizó.
/Entre RESTITUIR LAS CONCESIONES los objetivos concretos de la normativa, aludió a «blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión en el SNS la gestión directa».
Aquella que se presta por las administraciones públicas, bien sean estatales, autonómicas o locales, y también mediante la creación de consorcios de titularidad pública. Adicionalmente, indicó, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo «una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria» y siempre que no sea posible la gestión directa.
Para poder gestionar de forma indirecta, las administraciones deberán cumplir unos requisitos. Será el Consejo Interterritorial el que determine los indicadores a través de los cuales se dan por cumplidos los criterios señalados, explicó la ministra. Además entre los aspectos que contempla la nueva normativa, está la posibilidad de realizar una «modificación legislativa y normativa» a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios «en las mejores condiciones posibles», señala.
La ley también contempla delimitar las derivaciones de pacientes a la sanidad privada, un aspecto que ha encendido al sector que, en las últimas semanas, ha iniciado una ofensiva criticando «la deriva» de la sanidad pública tras la pandemia y ofertando sus hospitales para «aliviar» las listas de espera, que augura no pararán de crecer. Con datos aportados en mayo por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, son las comunidades autónomas con mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios.
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SANIDAD UNIVERSAL En cuanto a la universalidad, el Gobierno quiere garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Así se amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos nuestro territorio sus familiares.
Se intenta, asimismo, que se garantice el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia para vivir en España.