Un acuerdo para el campo extremeño
Patronal y sindicatos se han tirado año y medio negociando el nuevo convenio del campo, primero solos y después con un mediador, pero no han sido capaces de alcanzar un acuerdo. Los sindicatos plantearon una huelga de tres días para la semana pasada y el primero de ellos, el jueves, lograron una amplia movilización paralizando las labores de recolección del campo y también de las centrales hortofrutícolas. Por la noche, con el ambiente caldeado en la parte sindical cara al día siguiente pero también en el lado de las organizaciones agrarias, el presidente de la Junta de Extremadura convocó a todas las partes en su despacho de la Presidencia de la Junta para tratar de convencerles de que había que sellar un pacto que gozara del beneplácito de todos. Al borde de la media noche, con parte de la representación presente físicamente y la otra parte entrando por teléfono, se alcanzó un acuerdo y se desconvocó la huelga.
Es verdad que las partes estaban próximas a entenderse y que, por cuestiones menores, no se acababa de firmar un convenio que estaba enquistado desde hacía meses, pero no es menos cierto que la movilización de los sindicatos fue mucho mayor de lo que se esperada, lo que demuestra su capacidad de convocatoria cuando se les precisa, y que el mediador, en este caso el mismísimo presidente de la Junta de Extremadura, pudo persuadir mejor que nadie a las partes apelando a su responsabilidad y marcando como objetivo salvar la campaña y alcanzar la paz social en la comunidad.
En esencia se trata del mismo acuerdo que ya cerraron los sindicatos y la patronal en 2020 y que fue tumbado después por el recurso judicial presentado por Afruex. También es el mismo acuerdo que trataron de firmar `in extremis' el martes pasado todas las partes y que no fue posible por la ausencia de las dos Asaja.
La crisis actual que vive el país, la cual presumiblemente se agravará a la vuelta del verano como consecuencia de la inflación y el alza de las materias primas, hacía que las Organizaciones Profesionales Agrarias, las OPAS, la patronal, fueran poco receptivas a las reivindicaciones de los trabajadores, pero el campo extremeño empezaba a resultar una isla alejada de las mejoras sociales y retributivas que se han impuesto en el resto de sectores de este país como consecuencia de la reforma laboral y el alza del salario mínimo interprofesional pactado entre los agentes sociales. Esta distorsión tenía que llegar a su fin, pero digamos que existía una resistencia, por otra parte razonable, a fin de hacer rentable el campo y en concreto el sector de la fruta.
Ganan todas las partes. Primero los sindicatos de clase, UGT y CCOO, que demuestran que siguen siendo válidos a la hora de plantear lo que es justo para los trabajadores, convenciéndoles de que en ocasiones se tiene que llegar a una movilización o una huelga para salvaguardar sus derechos; segundo las Organizaciones Agrarias y los empresarios del campo, que han sabido ver el momento de la responsabilidad que se les pedía para salvar la campaña y, de paso, lograr una paz social y duradera de hasta tres años; y tercero el mediador, en este caso el presidente de la Junta, que ha sido consciente de que utilizando su posición de primera autoridad regional y situando el problema como prioridad de Extremadura podrían salvarse todos los escollos.
El campo empezaba a resultar una isla alejada de las mejoras sociales y retributivas que ya se han impuesto en el resto de sectores de este país