El Gobierno impulsará la vivienda social en la Sareb
Tres ministerios trabajan en el plan dirigido a familias vulnerables
El Ejecutivo cree que la compañía puede ser clave para la inclusión
El Gobierno quiere darle un nuevo impulso social a la Sareb tras la toma de control de la empresa inmobiliaria por el Estado a comienzos de año. Los ministerios de Economía (como responsable de la compañía) y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (encargado de la política estatal de vivienda) están trabajando junto al de Inclusión (competente en materia de refugiados) para ampliar las viviendas que la firma destina a fines sociales, según confirmaron fuentes conocedoras a El Periódico de Catalunya. La medida se incluirá en principio en la actualización del plan de negocio de la firma de este año, prevista para otoño.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dio una pista al respecto el pasado miércoles. «Vamos a seguir apoyando una gestión profesional y financiera responsable de la entidad, que nos permita recuperar el máximo de las ayudas públicas, y también vamos a tratar de impulsar la responsabilidad social. Ya lo venimos haciendo; desde que llegamos al Gobierno hemos influido para que se aumentase el parque de vivienda pública de Sareb hasta las 15.000, impulsando la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y vamos a seguir trabajando en esa misma dirección», adelantó.
Según las fuentes consultadas, los ministerios están determinando cuántas viviendas de la Sareb –el banco malo que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas en 2012 y 2013– se pueden destinar a fines sociales y a qué precio. Así, subrayan, no todos sus inmuebles son viviendas y no todas sus viviendas son habitables, ni siquiera con una inversión razonable. En cualquier caso, añaden, el Gobierno cree que la firma puede jugar un rol mayor en los próximos años en favor de la inclusión social de las personas vulnerable.
Desde 2013, la Sareb ha cedido 3.328 viviendas a comunidades autónomas y ayuntamientos para fines sociales (1.659 en vigor al cierre de 2021), lo que ha beneficiado a unas 13.300 personas, además de haber vendido otras 375 a dichas administraciones. El parque de viviendas puesto a disposición del sector público subió de las 4.000 iniciales hasta las 10.000 en 2020. En 2021, se dio un nuevo salto para ampliarlo progresivamente hasta las 15.000, merced a un acuerdo por el que el Ministerio de Transportes se comprometió a asumir parcialmente los gastos de la cesión y de la rehabilitación.
Las cesiones, con todo, han sido menores a las inicialmente previstas por las dificultades de las administraciones locales más pequeñas para gestionar los activos y por la falta de viviendas en localidades donde se solicitaban.
Por ello, la Sareb ha concedido directamente 1.144 alquileres a precios asequibles a familias que ocupan inmuebles de su propiedad, lo que ha beneficiado a otras 4.570 personas, con una tasa de impago de en torno al 60%.
/ INMUEBLES NO CEDIDOS Paralelamente a los planes del Gobierno, la Sareb está impulsando la gestión social de las viviendas habitadas que no ha cedido. Para ello, ha fichado al experto Pau Pérez de Acha, proveniente del Sabadell y CaixaBank, como director de vivienda asequible y social. La nueva división de la compañía se va a ubicar en la sede operativa de la gestora inmobiliaria Servihabitat en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y su equipo (18 personas en un primer momento) se repartirá entre Cataluña y Madrid.
La compañía, así, está desplegando un nuevo sistema de acompañamiento social y laboral que prevé extender a cerca de 9.800 familias. Les ofrecerá una renta asequible ajustada al 30% de sus ingresos. Y ha fichado a las compañías especializadas Servihabitat, Sogemedi y Gesocin, que destinarán 60 personas a ayudar a dichas familias. El 31 de julio entrarán en el programa 3.000 familias y el 30 de septiembre, el resto.