El Poder Judicial se revuelve contra la maniobra de Sánchez en el TC
Un amplio sector W negocia un texto para que el CGPJ rechace la reforma este jueves
El Supremo alerta de nuevo de la «situación insostenible» por la falta de nombramientos
La proposición de ley registrada por el PSOE para volver a modificar la ley orgánica del poder judicial y acelerar la renovación del Constitucional ha encendido las alarmas tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en el Supremo y en amplios ámbitos de la carrera judicial, que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar someter a este poder de Estado a los intereses del Ejecutivo. La reforma se conoció de forma sorpresiva el pasado jueves –según Unidas Podemos, ni se les avisó siquiera–, y permitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eludir la limitación que se le impuso hace más de un año para realizar nombramientos y poder designar así a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde por cuota.
Una mayoría del Consejo critica la maniobra y solicita que se le restituya de manera plena su capacidad para hacer nombramientos en la cúpula judicial, al tiempo que lamentó que, tras permanecer más de tres años y medio en funciones, se les utilice ahora para que el Gobierno consiga su objetivo de renovar el TC y conseguir con ello una mayoría progresista en dicho órgano.
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LOS MANEJOS DEL GOBIERNO El sector conservador del CGPJ y vocales progresistas negocian un texto para llevar al pleno de este órgano, que se reunirá este jueves. Se busca dar respuesta a lo que consideran manejos del Gobierno. De la dureza de dicho comunicado dependerá incluso la efectividad de la reforma, ya que si el órgano de gobierno de los jueces no cumple con sus dos nombramientos, la renovación en el Constitucional no será posible.
La propuesta irá en la línea de lo expresado desde el PP, que asegura que sigue dispuesto a renovar y espera «un gesto para recuperar la confianza» tras la reforma registrada la semana pasada por el PSOE. Este gesto pasaría por dos opciones: retirarla o derogarla por completo para que el CGPJ pueda hacer cualquier nombramiento en funciones.
De momento, el orden del día del pleno del CGPJ no incluye este asunto, pero incluso desde las posiciones más progresistas no hay duda de que el debate se terminará planteando.
La clave está en el consenso que se precisa para que el órgano de gobierno de los jueces elija a sus dos magistrados del TC, que por tradición no escrita deben ser uno de sensibilidad progresista y otro conservadora. Algunos de los vocales consultados no descartan que, como respuesta a los manejos del Gobierno, se haga difícil alcanzar los 12 votos necesarios para designar a los magistrados del TC.
$ SUPREMO Y ASOCIACIONES Por su parte, el Supremo lamenta haber quedado ajeno a la reforma y, ayer, su Sala de Gobierno pidió que se transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su «honda preocupación» porque la falta de renovación del Consejo están creando una situación que, de continuar, «será insostenible».
«El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento», señala el alto tribunal.
El problema es especialmente acuciante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde próximamente se jubilará otro magistrado, Octavio Herrero, que ha renunciado a cumplir la prórroga de dos años que había acordado inicialmente. Si el problema continúa sin resolverse, la próxima en salir de la sala será Inés Huerta, a principios del 2023, dejándola ya sin el cuórum mínimo para formar todas sus secciones.
Además, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que reúne a magistrados, profesores universitarios y letrados, considera que la nueva reforma legislativa «constituye un ataque a la separación de poderes, al pretender el control gubernamental».
En cuanto a los jueces asociados, tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado duramente la propuesta socialista.