Un pacto contra la inflación
La inflación del 1,8% en el mes de junio, estimada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aumenta la tasa anual hasta el 10,2%, lo que supone una pésima noticia y revela los límites de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al incremento del coste de la vida. Nos indica que el poder adquisitivo de los españoles se ha deteriorado tanto en un mes como durante todo el año 2018. Este deterioro constituye, por lo tanto, una amenaza de primer orden para la estabilidad económica, y tendrá un impacto profundo sobre el nivel de vida de todos los sectores sociales, particularmente, los más vulnerables. Por otra parte, como la historia ha demostrado, también constituye un peligro para la salud de nuestras instituciones democráticas.
¿Qué puede hacerse, a la espera de las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés? Sabiendo que tampoco podrán ser tan contundentes como cabría pensar en otra coyuntura, si no se quiere provocar la temida estanflación. Creemos que, cuando el INE disponga de los datos definitivos de junio, el Gobierno debería examinar en qué sectores se ha producido una mayor tensión inflacionista. Podría ocurrir que, en algunos casos, relacionados con los alimentos, las bebidas y la restauración, las ayudas proporcionadas no hayan servido para controlar los precios.
Los males de la economía española tienen que ver con la desconfianza de sus actores. Y en un contexto tan adverso, la confianza solo se podrá recuperar si las principales fuerzas políticas llegan a un acuerdo. Apoyando un pacto de rentas, como se hizo hace 45 años, cuando la inflación alcanzó el 23% y amenazó con derribar la frágil democracia española. Los tiempos no son los mismos, pero como hemos visto en la cumbre de la OTAN, Europa hace frente a una guerra que puede ir para largo. Y las guerras siempre han requerido de acuerdos de Estado para hacer frente a sus consecuencias. Por mucho que se trate de un fenómeno más general, no podemos resignarnos a semejante inflación. Aun sabiendo que sus causas primigenias están en la guerra de Ucrania desencadenada por Vladímir Putin, ningún país que aspire al bienestar y a la cohesión social puede quedarse de brazos cruzados. Tampoco es excusa pensar que nada se puede hacer puesto que la política monetaria no depende de los gobiernos.
Las medidas adoptadas hasta ahora para paliar el deterioro de las rentas más bajas nos han parecido oportunas. Sin embargo, cualquier intento de combatir la desigualdad queda en aguas de borrajas si la inflación crece a un ritmo tan disparatado. Compensar el alza de los precios de los combustibles, ayudar a los usuarios del transporte público y aprobar bonificaciones para las rentas más desfavorecidas son decisiones acertadas, pero que pierden su eficacia en cuanto la inflación pasa de los dos dígitos. El tope del coste del gas adoptado por España y Portugal en el marco de la llamada excepción ibérica, también nos pareció una medida oportuna, y es probable que los datos del INE fueran aún peor de no haberse adoptado. Sin embargo, el hecho de que la inflación subyacente -aquella que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos- haya aumentado el 5,5%, indica que la actuación gubernamental tiene que ir más allá. Con medidas quirúrgicas más precisas, destinadas a los sectores más inflacionarios, y con una propuesta de pacto de Estado todas las fuerzas sociales y políticas dispuesta a arrimar el hombro.
Cualquier intento de combatir la desigualdad queda en aguas de borrajas si la inflación crece a un ritmo tan disparatado