Los grandes contratistas cobrarán si pagan en plazo a sus subcontratas
La Plataforma contra la Morosidad celebra que se acepten sus enmiendas a la `ley crea y crece' Las empresas de más de 250 empleados solo recibirán subvenciones cuando no deban dinero
Las empresas que contraten con el sector público deberán aportar a partir de ahora un certificado de estar al corriente de pago con sus subcontratistas cada vez que certifiquen obras para su cobro. En caso de que se incumplan los plazos, la Administración (estatal, autonómica o local) podrá retener le pagos y hacer el abono directamente al subcontratista. Ello será así para los contratos de más cinco millones que admitan más de un 30% de subcontratación, a los que en la práctica sólo aspira la gran empresa.
Además, las grandes empresas de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores con certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Otra novedad: las empresas de mayor tamaño (más de 250 trabajadores y más de ocho millones de facturación o de cuatro millones en activos) deberán informar en su web y en sus cuentas anuales no solo del período medio de pago a sus proveedores, sino también del número de facturas y el volumen económico de las pagadas dentro de plazo y del porcentaje que estas representan sobre el total. Además, el Gobierno publicará una lista negra de empresas morosas que se hará pública cada
año con la identidad de compañías con más de 600.000 euros de deuda atrasada con sus proveedores y que abonen menos del 10% del total de sus facturas dentro del plazo legal.
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`LEY CREA Y CRECE' Estos son algunos de los principales cambios que el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas –conocida como ley crea y crece– ha incorporado en la recta final de su tramitación en el Congreso de los Diputados, antes de pasar al Senado. El texto fue validado ayer por el Congreso de los Diputados con los
votos de PSOE, UP, PP, PNV, ERC, PDECat, la abstención de Cs y Vox y solo dos votos en contra.
Este proyecto de ley tiene como propósito principal facilitar la creación de empresas e impulsar su crecimiento reduciendo los obstáculos burocráticos y financieros. Además, uno de sus capítulos esenciales tiene que ver con la luchar contra la morosidad comercial y contra el incumplimiento del plazo legal de pago entre particulares (60 días, con carácter general). Para la introducción de medidas en este capítulo ha sido esencial la colaboración de los diputados
con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), cuyo presidente, Antoni Cañete, que también lo es de la patronal Pimec, estuvo presente ayer en la tribuna de invitados del pleno del Congreso de los Diputados. Desde allí, Cañete recibió el agradecimiento de los portavoces parlamentarios de PDECat, ERC, Unidas Podemos y PSOE.
«Se le ha dado la vuelta a la ley como a un calcetín», declaró Cañete a este diario, al ponderar la importancia de los cambios. «El proyecto de ley abre un camino en el que seguir trabajando», añadió, en relación, sobre todo, a dos cuestiones importantes que se han quedado en el tintero: la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad y la derogación del apartado de la ley de comercio minorista que permite pactar plazos de pago superiores a 90 días para determinados productos no perecederos. «No cejaremos en nuestro empeño de lograr un régimen sancionador», dijo el diputado Joan Capdevila (ERC), en una afirmación compartida por los parlamentarios Txema Guijarro (UP) y Ferrán Bel (PDECat).
Con todo, Cañete consideró «históricos» los avances: «En un momento clave como el actual, con la inflación disparada y el encarecimiento de la financiación, que ahoga aún más a nuestras pymes y autónomos, que hayamos llegado a este consenso y aprobado medidas que reducirán esos plazos de pagos es un hito para nuestra economía».
Según datos de la CNMV, las empresas de mayor tamaño cobran en un plazo medio de 68 días y pagan a 193. El 61% de las morosas son grandes empresas, recordó el diputado Txema Guijarro (UP) quien destacó la oportunidad de estas medidas de protección de las pymes en un contexto de empeoramiento de la economía, inflación y subida de tipos de interés. En declaraciones a este diario Ferran Bel subrayó la importancia del nuevo sistema de certificaciones para garantizar el cobro en plazo de los subcontratistas.