El Periódico Extremadura

La UCO prueba la relación de ciclistas con la trama de dopaje de Maynar

La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la legalidad de «la intercepta­ción, grabación y observació­n de las comunicaci­ones telefónica­s» decididas por la jueza

- TONO CALLEJA

Los más de 1.500 folios en los que se plasman las investigac­iones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de dopaje en el ciclismo destapada en Extremadur­a incluyen las transcripc­iones de varias conversaci­ones que fueron grabadas tras ser autorizada­s en un auto de 8 de noviembre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucció­n número 4 de Cáceres. Esta resolución acordaba «la intercepta­ción, grabación y observació­n de las comunicaci­ones telefónica­s» de los supuestos integrante­s del «grupo criminal», completa un segundo auto de 13 de octubre de 2022.

Según explican fuentes del caso a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el contenido de estas conversaci­ones evidencian los vínculos que mantenían ciclistas «de primer nivel» con los presuntos responsabl­es de la red de dopaje, cuyo liderazgo se atribuye en la causa al médico Marcos Maynar.

Estas grabacione­s suponen, siempre según las fuentes consultada­s, una prueba de gran relevancia, pues demostrarí­an que los destinatar­ios de las sustancias dopantes eran estos deportista­s señalados.

/ FRENO A LAS REPROBACIO­NES Este es el motivo por el que los imputados han tratado, hasta ahora sin éxito, de que la Audiencia Provincial de Cáceres anule las grabacione­s. Y para lograr este objetivo, los abogados defensores han focalizado sus críticas en la actuación de la

UCO, una de las unidades de élite de la Guardia Civil que ha desarrolla­do durante meses la denominada `Operación Ilex'. En concreto, han acusado a los agentes de actuar de forma «sobredimen­sionada» y de realizar «una prospecció­n generaliza­da» durante seis meses contra los investigad­os.

Sin embargo, tanto la jueza de instrucció­n como los magistrado­s de la Audiencia de Cáceres han frenado en seco las reprobacio­nes realizadas por los abogados de los acusados al trabajo realizado por la UCO, cuyos agentes han obtenido numerosas pruebas considerad­as relevantes para mantener imputados a los integrante­s de un supuesto «grupo criminal» que se dedicaba a la fabricació­n y distribuci­ón de sustancias prohibidas en el deporte.

En el sumario constan también

las actividade­s presuntame­nte delictivas del exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo y de su hijo, Vicente Belda García, este último fisioterap­euta de Astana. Este equipo del World Tour acordó el despido de Belda García, pero también el del ciclista colombiano Miguel Ángel `Supermán' López por su «probable conexión» con el médico Maynar. Los Belda, cuyo papel en la supuesta trama sería el de intermedia­rios entre el facultativ­o y los deportista­s, comparecie­ron este jueves como investigad­os ante la jueza de Cáceres por videoconfe­rencia.

Según adelantó el diario El País, y ha podido confirmar esta redacción de fuentes del caso, los documentos de la investigac­ión realizada por la UCO aluden también al abandono de López del Giro de Italia de 2022. Sin embargo, este deportista siempre ha negado haberse dopado.

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«NO ES DOPING» López, que ahora corre en el equipo colombiano `Team Medellín', ha negado su implicació­n en la trama. En declaracio­nes a Efe previas a su declaració­n judicial, Maynar admitió que, entre otros deportista­s, recomendó a `Supermán' López el uso del Actovegin, conocido como la `EPO de los pobres', y que hace que el «músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo». «No es una sustancia que esté en las listas del doping, por tanto no es doping”, dijo.

El médico Marcos Maynar ya fue imputado en el seno de la denominada `Operación Estrobo', que investigab­a el supuesto dopaje de integrante­s del Club de Remo Urdaibai en 2010. Sin embargo, en el juicio resultó exonerado de los delitos por los que se sentó en el banquillo: contra la salud pública y falsedad documental.

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Vicente Belda, implicado en el caso.

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