«No somos okupas, porque estas viviendas no tienen dueño»
Las familias que viven en pisos de la Guardia Civil protestan ante el ayuntamiento Reclaman tener agua corriente, sin la que viven ya desde hace seis años
Ocho familias, muchas de ellas con niños pequeños, habitan desde hace 6 años otros tantos pisos de uno de los bloques que fueron de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra y que desde hace 10 años están cerrados y abandonados a su suerte, nunca peor dicho. Estas familias tienen suministro eléctrico pero no agua corriente, porque su condición de ocupantes ilegales no permite al ayuntamiento facilitarles este servicio público. Ayer se manifestaron en la plaza de España para reclamar una solución. «Es una pena que estos niños abran el grifo y no salga agua, se me caería la cara de vergüenza», se lamentó Fátima, indignada, en apoyo de sus vecinos.
Rocío es una de las madres que se manifestaron. «Estamos aquí reclamando un derecho humano como es el agua, porque hace 6 años que rehabilitamos por necesidad unas viviendas que estaban abandonadas». Estas familias no se sienten `okupas'. «Okupa para mí es la persona que entra en una vivienda que tiene dueño y yo eso nunca lo haría. Yo rehabilito viviendas abandonadas y gracias a que nosotros las hemos rehabilitado se van a destinar a familias que tienen necesidad, si nosotros
no estuviésemos allí, seguirían vacías a día de hoy y eso sí que es una vergüenza, que estén cerradas con las necesidades que hay en la calle». Rocío se refería a que para que estos pisos vuelvan a ser ocupados, el propietario, que era la Administración central, ha tenido que cederlos a la Junta de Extremadura que ya, por fin, tiene un proyecto para recuperar 40 de las 90 viviendas.
/Nunca han tenido agua corriente. El ayuntamiento les puso un grifo durante la pandemia en el que colocan una manguera «y nos vamos apañando». Para lavar la ropa, para cepillarse los dientes, para tirar de la cadena, todo lo hacen con cubos y baños «Esta situación nos hunde», se lamentaba María Helena Domínguez. «¿Dónde está la protección al menor, dónde están los dere
UN GRIFO
chos humanos?», se preguntaba Fátima, quien añadió que ocupar estos pisos ha sido la única salida para estas familias que carecen de medios económicos No entiende además que ahora se rehabiliten solo 40 y se dejen 50 cuando en la lista de espera en Badajoz de viviendas sociales hay 800 solicitantes.
Están empadronados allí «desde el primer momento» y tienen electricidad. «Nos han dejado empadronarnos y el contrato de luz, si no nos dan agua es para obligarnos a que nos vayamos», sospechan. «Cansados estamos pero no nos vamos a ir porque no tenemos dónde», sentenció Rocío.
María Elena se quejó además de que siendo solicitantes de viviendas sociales les han cerrado los expedientes por haberlas ocupado ilegalmente. «No tenemos derecho ni a las
viviendas que ahora van a dar, a pesar de haber sido los primeros en dar el paso». María Elena lleva pidiendo una vivienda social desde 2013. «Que vivamos así, sin agua, en el siglo en que estamos», se quejaba otra madre.
Una vez más, el alcalde, Ignacio Gragera, insistió ayer en que «no existe una solución» porque «no tienen título para ocupar una vivienda, no tienen autorización del titular y nosotros somos una institución pública y tenemos que garantizar que lo tienen, están en situación ilegal y no podemos generar agravios comparativos». Gragera pidió que la Junta, que es la que tiene las competencias, que «se involucre en Badajoz» y que estas familias obtengan una vivienda en alquiler social con la que puedan acceder a todos los servicios.