El juicio por prevaricación contra el exalcalde se suspende de nuevo
La vista no se pudo celebrar por la huelga de funcionarios y está pendiente de fecha
«Alargar este caso absurdo es imponerle una pena sin sentencia», manifiesta su defensa
El juicio contra el exalcalde de Oliva de la Frontera, Juan Antonio García Torres, de Colectivo Independiente Olivero (CIO), y un exarquitecto municipal por presunta prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial, previsto ayer en la Audiencia Provincial de Badajoz, no se pudo celebrar por la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Ambos están acusados de conceder subvenciones «ilegales» a los vecinos para pagar la tasa de agua potable y sufragar estas ayudas con fondos para obras procedentes del Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, que nunca se llegaron a realizar, pero que tanto García Torres como el arquitecto supuestamente certificaron codimiento mo ejecutadas y abonadas.
La fiscalía pide 4 y 6 meses de cárcel para el exalcalde, además de 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público y el reintegro de sí como el reintegro de 55.648 euros a las arcas municipales. García Torres encabeza la lista de CIO al ayuntamiento olivero el próximo 28 de mayo. Para el técnico, el ministerio público solicita 20 meses de prisión.
«Yo tengo más ganas que nadie de que esto se resuelva cuanto antes», aseguró ayer García Torres en la puerta de los juzgados de Badajoz. El exalcalde insistió en su tesis de que este caso es una «persecución política contra mi persona para inhabilitarme que es lo que la oposición quiere», señaló.
«Siguen padeciendo la pena de banquillo sin estar sentados en el banquillo», lamentó el abogado de los dos acusados, Juan María Calero, tras confirmar que la vista se había suspendido. «Es un proce
que es absurdo desde el principio y alargarlo es imponerle una pena sin sentencia», añadió el letrado.
En el juzgado estaban citados numerosos testigos, entre ellos la actual alcaldesa y candidata a la alcaldía, Luisa Osorio (PSOE), y un exfuncionario del Ayuntamiento e Oliva que se había desplazado
desde Andalucía, que tuvieron que marcharse, una vez más, sin prestar declaración.
García Torres, que gobernó con mayoría absoluta entre 20111 y 2015, fue denunciado por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en 2016, cuando estaba al frente el PSOE, que posteriormente amplió la denuncia.