Los centros escolares primarán la mediación sobre los castigos
La expulsión o el cambio de instituto pasarán a ser medidas «muy excepcionales» para casos extremos Educación actualizará los protocolos de actuación en los casos de conflicto, violencia, acoso y ciberacoso
La Consejería de Educación y Empleo va a aprobar un nuevo decreto de convivencia e igualdad de género en los centros escolares que actualizará los protocolos a seguir en casos de conflicto, violencia o acoso escolar. Una de las principales novedades que introduce es la relativa a los castigos tradicionales o sanciones como la expulsión, que a partir de ahora serán sustituidos por procesos de mediación y «prácticas correctivas y restaurativas» en el propio centro. Un ejemplo: que dos alumnos involucrados en una pelea pasen varios días ayudando en la biblioteca.
El texto aún se encuentra en fase de elaboración y debe pasar por la comisión y el pleno del Consejo Escolar de Extremadura para aprobarse definitivamente, lo que la Junta estima que podría ser al final del primer trimestre del próximo curso. Según detalla Educación, este nuevo reglamento viene a sustituir al actual, que data de 2007 y había que actualizar para tener en cuenta «nuevas realidades del siglo XXI» como el ciberacoso, la violencia machista o la LGTBIfobia. Su objetivo: implantar relaciones sanas y lograr un desarrollo eficaz de las habilidades sociales, los valores morales y el manejo de las emociones.
«Se busca, sobre todo, construir comunidad», se explica. El decreto se desarrolla en cuatro ejes: prevención, mediación, intervención y correcciones. Uno de los cambios fundamentales que introduce con respecto al de 2007 es la respuesta que los centros deben dar a la resolución de los conflictos: primarán las prácticas restaurativas y la mediación sobre las medidas punitivas y sancionadoras. Esto, según Educación, conllevará que los castigos tradicionales y otras opciones extremas como la expulsión del centro durante varios días o el traslado «sean cada vez más excepcionales».
No solo se incluye violencia entre alumnos, también entre docentes, familias y personal auxiliar
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AUTORIZACIÓN «En la práctica se trata de trabajar con el alumno que ha causado el daño para que sea consciente de lo que ha hecho y de que tiene que repararlo con la actividad que decida el centro», explican desde el departamento que dirige Esther Gutiérrez. En el artículo 48 del borrador del decreto se detalla de hecho que «solo en casos excepcionales, cuando haya un riesgo evidente para integridad de las personas del centro, podrá adoptarse la decisión de suspensión temporal del derecho de asistencia al centro o a determinadas actividades del alumnado».
Igualmente, el texto especifica que la propuesta de cambio de centro solo podrá llevarse cabo tras la apertura de un expediente disciplinario, siempre como «una medida muy excepcional, aplicable solo en casos extremos en los que hayan fracasado otras medidas reparadoras y correctoras». Además, deberá contar con la autorización del delegado provincial de Educación, previo informe de la Inspección Educativa.
Otro de los aspectos a destacar en la nueva norma es el desarrollo de protocolos de actuación que se
an «ágiles, más rápidos y que permitan detectar cualquier situación de violencia y acoso». Como novedad, no solo se va a contemplar la violencia escolar que se da entre alumnos, sino que se incluirán también los casos de violencia entre adultos de la comunidad educativa (docentes, familias y personal no docente).
En cuanto a los actos violentos, se distingue entre los que pueden tipificarse como delito, en los que se recoge la actuación de la Fiscalía, y aquellos que requerirán mediación y prácticas restaurativas. Un ejemplo: dos alumnos que se pelean en un determinado momento en la pista de baloncesto requeriría mediación, práctica restaurativa o correcciones administrativas. Pero si un grupo de alumnos acorralan a otro en el baño y le dan una paliza, puede estar tipificado como delito y se derivaría directamente a la Fiscalía.
Por lo que respecta al bullying, se introducirán indicadores específicos para la violencia, el acoso y el ciberacoso, como hasta ahora, pero se incluirán los que medirán también el acoso como consecuencia de algún tipo de violencia machista o LGTBIfóbica.