Silencio demográfico
No se habla de la cuestión demográfica en esta campaña cuando es un tema fundamental
Me asombra la ausencia de mención del reto demográfico en la campaña electoral extremeña. El tema oscila entre la alusión lateral, como telón de fondo para otros asuntos, a la adjudicación de condición endémica, un fenómeno natural sin demasiada capacidad de solventar. Ese es un escenario catastrofista y perjudicial que no debiera, ni siquiera como peor escenario, asumirse como inevitable. En todo caso, se hace patente que existe un silencio sobre la cuestión demográfica en Extremadura, un elefante en la habitación que todos parecen incómodamente eludir.
No parece un tema menor. La evolución demográfica de la región pinta un panorama sombrío y preocupante. Extremadura cuenta, a finales, de 2022 con una población de 1.051.738 personas, lo que suponen 12 años consecutivos de descenso poblacional. Cincuenta mil habitantes perdidos en menos de una década, más habitantes que los que tienen algunos de los principios núcleos urbanos, como Mérida o Plasencia. Ciudades que, como las capitales Cáceres y Badajoz, siguen sin ganar población, estancadas en el mejor de los casos.
El crecimiento vegetativo poblacional (número de nacimientos frente a fallecidos) se ha consolidado como serie en «números rojos», más de diez años de saldo negativo. La tasa de natalidad es del 6,8% en 2022 (la más baja desde que se computan estas series, prácticamente idéntica a 2020, un año «irregular» por el efecto del Covid19). Extremadura se sitúapor debajo de una media nacional que no demuestra tampoco un nivel saludable.
Las perspectivas para la próxima década son de una pérdida poblacional cercana a los 50.000 habitantes, lo que podría situar a la región por debajo del millón de habitantes. El segmento de los extremeños entre los 20 y los 64 años caerá más de un 10% en esta década. Una población en descenso, y envejecida. Decididamente, el ser humano es una «especie amenazada» en Extremadura, en palabras del profesor Mora Aliseda. Suena hiperbólico, pero es un dardo acertado.
Los costes de esta estructura demográfica (menos población, pirámide invertida) pueden golpear seriamente a la región. Primero, se incrementa la presión sobre los costes sanitarios. Pese a que la financiación no se genera internamente (la corresponsabilidad fiscal es una asignatura pendiente a niel país, pero ese es otro melón) la decisión de gasto corresponde a las comunidades autónomas. Hay una relación directa entre el declive poblacional e incremento de gasto sanitario. Segundo, una perspectiva negativa en el número de habitantes impacta en la visión de los inversores en la región. Un entorno de alta inflación exige crecimiento económico y poblacional (con su efecto fiscal): sin ello, veremos elevarse el coste financiero y dificultado la atracción de inversiones.
Extremadura mantiene aún además con un alto grado de ruralidad y de dispersión de núcleos de población. Esto pone en jaque la cobertura del necesario empleo en el sector primario (tampoco la inmigración ha conseguido mantener un crecimiento sostenido), en una comunidad que ya de por sí tiene en el desempleo su mayor lacra social. Hay otro efecto político indeseado, que compartimos con regiones similares, que es la merma en la capacidad de influencia políticay de presión para ser un eje territorial relevante; incluso si geográficamente lo somos (conexión Madrid-Lisboa, Ruta de la Plata). Este perfil demográfico, el cóctel de ruralidad, envejecimiento y decrecimiento, es una de las principales amenazas para el futuro, no sólo económico, de Extremadura.
Ciertamente, es un problema complejo, para el que no hay soluciones mágicas ni con efectos visibles en el corto plazo. Las fórmulas de subsidiación del mundo rural se han probado ineficaces, como la extensiva protección del medio ambiente. Extremadura requiere, al menos, un nuevo marco fiscal para inversiones y explotación de los recursos naturales, un frente conjunto que resuelva el endémico déficit de conexión y comunicaciones, un replanteamiento de los sistemas de preservación natural, una reorganización administrativa que tengan en cuenta las características económicas y de «huella» poblacional de la región y hacer valer la condición de potencia eléctrica.
No es una cuestión ideológica, sino de supervivencia. La dificultad de la toma de estas decisiones no justifica un mutismo político ni resta la necesidad de propuestas convincentes que ayuden a revertir la funesta tendencia.
Las perspectivas para la próxima década son una pérdida poblacional cercana a los 50.000 habitantes