Fallece por una obstrucción intestinal que se le diagnosticó después de tres meses
Acudió varias veces a urgencias con dolor y estuvo ingresada en Cáceres y en Coria
Llegó a perder 30 kilos. Lo descubrieron en un TAC, se le operó, pero ya era tarde
Todo empezó una tarde en la que Remedios Montesinos tomaba café en casa con su madre, Vicenta García, ambas residentes en Gata (Cáceres). Esta última refirió a su hija que tenía un fuerte dolor en el abdomen que no le dejaba comer. Remedios decidió entonces trasladarla al hospital de Coria, donde estuvo ingresada más de un mes, pero no mejoró. Aquella fue, de hecho, la primera de muchas, pues el dolor la obligó a acudir a urgencias cerca de una veintena de veces, tanto a Coria como a Cáceres. En la última, tras realizarle un TAC, se le diagnosticó una obstrucción intestinal, pero habían pasado ya tres meses desde que comenzó con las molestias. Fue intervenida de urgencia, pero ya era tarde y falleció a los días.
Vicenta tenía 81 años, pero gozaba de una salud «razonablemente buena», según se recoge en la denuncia que la familia presentó contra el Servicio Extremeño de Salud (SES) por negligencia, a través del abogado cacereño Daniel López Vivas. Según se indica en la misma, la primera vez que acudió a urgencias fue el 15 de marzo de 2021, donde permaneció ingresada hasta el 22 de abril, a pesar de que el hospital de Coria, donde estaba, carece de servicio de Digestivo. Es por eso que fue atendida por los especialistas de Cirugía.
Fue dada de alta, pero las molestias continuaron, lo que la obligó a regresar a urgencias hasta en nueve ocasiones entre el 28 de abril y el 16 de mayo. En ninguna de estas visitas se decidió su ingreso; se limitaban a ponerle «un gotero y paracetamol». Los médicos llegaron incluso a sugerir a las hijas que «el problema de su madre podría ser psicológico, ya que no parecía que tuviera patología alguna», detalla la denuncia.
No mejoraba. Llevaba semanas sin comer y había perdido cerca de 30 kilos. Así que sus hijas optaron por trasladar a su madre al Hospital Universitario de Cáceres, a 110 kilómetros de su lugar de residencia. Aquí permaneció ingresada casi un mes, hasta que se decidió darla de alta, a pesar de que su estado tampoco había mejorado. De hecho, durante su estancia en el hospital no pudo comer ni si quiera sólido. Y al día siguiente tuvo que volver al hospital de Coria por los mismos dolores, visita que se repitió durante cuatro días consecutivos más. El último, su estado era ya crítico: no se mantenía sentada y había perdido el habla. Aún así, se le volvió a pautar un gotero y paracetamol. No la valoraron ni siquiera los especialistas de Cirugía.
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FUE OPERADA TRES VECES Dada la situación, al día siguiente optaron por trasladarla de nuevo a Cáceres (habían pasado justo diez días desde que había sido dada de alta en este hospital). Esta vez el facultativo que la atendió decidió realizarle un TAC que permitió determinar la causa de lo que le ocurría: tenía una obstrucción intestinal con «signos de sufrimiento de asas»; es decir, su estado era grave. Tuvieron que intervenirla de urgencia. No fue la única vez que entró en quirófano, sino que fue operada otras dos veces más, pues su estado seguía sin mejorar. Finalmente falleció el 30 de junio.
«La paciente llevaba con problemas relacionados con el aparato digestivo desde el mes de marzo. No cabe duda de que esa falta de diagnóstico le provocó una clara pérdida de oportunidad. La falta de diligencia a la hora de detectarle la obstrucción provocó su fallecimiento», sostiene la familia.
El juez apunta a la causa de esta negligencia a la incorrecta valoración de una radiografía de abdomen que se le realizó en una de sus últimas visitas al hospital de Coria. En la misma se observaba «niveles hidroaéreos en flanco derecho», uno de los signos radiológicos que advierten, señala la sentencia, de una obstrucción intestinal. Lo correcto habría sido, según el juez, haber completado el estudio con un TAC, que fue precisamente lo que se ordenó al día siguiente, pero ya en el Hospital Universitario de Cáceres.
Ese «error de interpretación» de la radiografía supuso la privación de la realización de una cirugía que era de urgencia. «Se privó a la paciente de los medios terapéuticos que eran exigidos», lo que se tradujo «en una pérdida de oportunidad» por la que «debe ser indemnizada». La familia reclamaba 200.000 euros por los daños causados, pero finalmente el juzgado ha fijado esa indemnización en 50.000 euros; 25.000 para cada una de las dos hijas.