La Junta da luz verde a la legalización de viviendas en la zona de La Vinosilla
Ha aprobado definitivamente la reclasificación del suelo, de no urbanizable a urbanizable de uso residencial. El ayuntamiento tendrá que aprobar ahora la ordenación detallada y se podrá ya legalizar
La Junta de Extremadura ha dado el paso que los vecinos de la urbanización de La Vinosilla de Plasencia, paralela a la carretera N-110, estaban esperando. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha aprobado definitivamente la ordenación estructural de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que consiste en la reclasificación de los terrenos de suelo no urbanizable a «suelo urbanizable de uso residencial para la regularización de actuaciones clandestinas».
Es decir, este es el paso imprescindible para que los vecinos puedan legalizar sus viviendas y llevan ocho años de trámites para conseguirlo porque, según ha recordado el abogado de los propietarios, José Luis Galindo, se iniciaron en el año 2016.
Ahora bien, como ha publicado este lunes el Diario Oficial de Extremadura, esta aprobación definitiva no significa que las edificaciones queden legalizadas directamente. Ahora, el Ayuntamiento de Plasencia tendrá que aprobar definitivamente la ordenación detallada de este sector de suelo, lo que ya hizo de forma provisional en el 2020 y, después, se podrán presentar ya los «proyectos de urbanización, reparcelación y legalización», ha explicado el abogado.
«Se ha conseguido y no ha sido fácil», ha destacado Galindo porque recuerda que, aunque presentaron los trámites en el 2016, en el 2019 «cambió la ley del suelo y prácticamente tuvimos que empezar de cero».
Actualmente, existen 11 edificaciones en La Vinosilla y, como máximo, se podrán ampliar a 14, ha explicado el abogado.
No exime de responsabilidad
Otro aspecto que plasma el Diario Oficial de Extremadura este lunes es que la aprobación definitiva de la modificación del PGM no supone «la extinción de las eventuales responsabilidades en que hubieran podido incurrir sus titulares», es decir, que no zanjará los procesos judiciales que se encuentren abiertos por esos asentamientos.
En este sentido, hasta ahora los propietarios han ido entregando toda la documentación sobre la regularización en los juzgados. De hecho, en el 2021, un juez decidió aplazar un derribo, tras la aprobación en el pleno del inicio del trámite encaminado a la legalización.
Por otro lado, la Consejería recuerda también que la regularización
que se lleve a cabo «no eximirá a los propietarios afectados de sus obligaciones de hacer frente a las cargas legales, asumir los gastos de urbanización, obtener las preceptivas licencias de legalización y cumplir con los demás deberes legales que les sean exigibles».
Además, señala que, para el mantenimiento de la urbanización y dotaciones públicas, «deberá constituirse, una vez ejecutadas las obras de urbanización, una entidad urbanística de conservación que integrará con carácter forzoso a todos los propietarios afectados».
Mientras estos vecinos ya tienen ‘encarrilado’ el proceso para
su legalización, en el caso de los cerca de 200 que lo han iniciado en la sierra de Santa Bárbara la situación no es tan halagüeña. Recientemente, el arquitecto asesor, Juan Antonio Álvarez, lamentaba que llevan más de un año esperando el informa ambiental de la Junta, que quedó parado por un informe no vinculante de Urbanismo.