La jueza se desquita
La magistrada Mercedes Alaya afirma que hubo presiones de PSOE y PP para apartarla del caso de los ERE y apunta directamente a Susana Díaz
Saltó a la escena pública tras convertirse en el azote del PSOE andaluz y la Junta de Andalucía, con la que mantuvo varios encontronazos durante la instrucción del denominado caso de los ERE, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la región gobernada por los socialistas desde hace 35 años. Apartada ya del caso tras un ascenso solicitado por ella misma, la jueza Mercedes Alaya ha reaparecido denunciando presiones políticas tanto del PSOE como del PP para apartarla del caso «por miedo» a lo que pudiera sacar. Y apunta entre esas presiones directamente a la presidenta andaluza Susana Díaz. Ciudadanos, partido que sostiene el gobierno de Díaz, ya ha anunciado que pedirá explicaciones por estas acusaciones y que incluso las llevará a la Cámara andaluza porque «es algo muy grave», según dijo ayer el líder naranja Albert Rivera.
Alaya hizo estas declaraciones en una entrevista en ABC, la primera que concede a un medio de comunicación, donde carga incluso contra los jueces enviados en su apoyo o la politización de los órganos judiciales. Alejada ya de la instrucción tras pasar a ser magistrada de la Audiencia Provincial, insiste en que aunque ella pidió ese ascenso para no desperdiciar la oportunidad, tenía el «compromiso verbal» de ser quien culminara la investigación de las macrocausas de los ERE o el supuesto fraude de los cursos de formación «dado el conocimiento adquirido» al cabo de varios años de instrucción.
Perdía más tiempo, llega a decir, «dando clases particulares» para explicárselos a un nuevo juez que haciéndolo ella. Pero se encontró con que «todo fue un burdo engaño». «Tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos», señala Alaya.
La jueza atribuye ahora esas presiones «al miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas», justificando ese pacto entre PSOE y PP en que el fraude se estaría repitiendo en otras regiones, gobernadas por los conservadores. Sin embargo, nada menciona de que los distintos juzgados andaluces están archivando las causas al no apreciar delito.
Y pone nombre a esas presiones «diarias». Así, menciona a Alfonso Guerra, quien en la prensa y mítines electorales apuntó a que Alaya estaba vinculada al PP e incluso a una «especial relación» con el entonces alcalde y actual ministro de Interior Juan Ignacio Zoido. Y a Susana Díaz, que «contactó con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para protestar en relación al caso de los ERE». En el 2015, Díaz reconoció haber hablado con el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dentro de la «normalidad» entre instituciones. Pero algunas fuentes apuntaron que le expresó su malestar por la «lentitud» de las investigaciones de Alaya, e incluso se habría interesado por la posición del CGPJ sobre su continuidad o no al frente del caso una vez ascendida.