Faltan 100 empleos en cárceles
200 funcionarios b exigen la equiparación salarial con el País Vasco y Navarra
Alrededor de 200 funcionarios de prisiones se concentraron ayer a las puertas de la cárcel de Castellón para exigir al Ministerio de Interior la equiparación salarial con los profesionales de otras autonomías y el aumento de plantillas ante un déficit que en los dos centros penitenciarios de la provincia sitúan en más de 100 trabajadores. La convocatoria fue respaldada por UGT, CCOO, CSIF y Acaip y se desarrolló sin incidentes y en medio de un importante despliegue policial.
El portavoz de este último sindicato en Castellón, José Manuel Fernández, aseguró que solo en la prisión de Albocàsser faltan alrededor de 75 empleados --entre personal laboral, de reinserción y de seguridad--, mientras que en el centro de la capital cifró la falta de personal en 30 trabajadores.
El acto forma parte de una campaña a nivel nacional con concentraciones frente a varios centros penitenciarios en la que se pide la igualdad salarial en todo el territorio nacional. Fernández explicó a este diario que en Navarra y el País Vasco «un funcionario que realiza el mismo trabajo que uno de Castellón cobra entre 350 y 450 euros más». Esto, añadió, se debe a que todavía están en vigor unas categorías profesionales «de hace casi 30 años», basadas en la existencia de presos peligrosos en las cárceles de estas dos autonomías, en especial de ETA. «Pero ahora los reclusos peligrosos, como los de esta organización o los yihadistas, están en todas las prisiones», sentenció.
Los convocantes denunciaron que la falta de personal es uno de los motivos del «exponencial» aumento de las agresiones registrada en los centros penitenciarios, que sindicatos como Acaip han denunciado como un problema «muy presente» en Albocàsser durante los últimos tiempos.
La concentración, que comenzó a las 7.30 horas y no finalizó hasta las 12.00, logró su objetivo de retrasar durante varias horas el cambio de turno previsto para primera hora. Asimismo, también las diligencias judiciales, que trasladaban a varios reclusos a los juicios, salieron más tarde de lo previsto.