Lesmes critica a Alemania por rechazar el delito de rebelión
El presidente del b Supremo reconoce los «momentos delicados» del país La fiscala general ve b «legítima» la aspiración independentista si respeta el marco legal
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, consciente de que este será su último acto de apertura del año judicial ante la próxima renovación del órgano, fue más contundente que en otras ocasiones a la hora de defender la Constitución y la labor de jueces y magistrados para preservarla y así evitar la «arbitrariedad del poder».
Sin necesidad de mencionar a Cataluña, toda su intervención ante el rey Felipe VI y las máximas autoridades del Estado, versó sobre «los momentos más delicados» que atraviesa el país en su «historia reciente». Y no desaprovechó la oportunidad de criticar las «decisiones judiciales procedentes de otros Estados» que, «al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia», han generado una «grave incertidumbre», en clara referencia a la decisión alemana y belga de no entregar al expresidente Carles Puigdemont o a los exconsejeros huidos en las condiciones planteadas por España.
Lesmes, que lamentó «la irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial» europea, que han supuesto las resoluciones relativas al procés, admitió a continuación que «cabría pensar que quizás ha recaído demasiado peso sobre los jueces, afirmación» que, dijo, «comparten quienes denuncia la judicialización de los asuntos de naturaleza política».
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DESAFECCIÓN Según el presidente del CGPJ, «se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular, demostrando una absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho y del ejercicio democrático de la libertad». Adviritió que «tales ensayos de disgregación entre Estado de Derecho y poder judicial, lejos de debilitar a los jueces, reafirman su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco que representa la Constitución».
«Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar todo un pacto de convivencia intergeneracional», lo que tendría un efecto «demoledor» para el sistema de libertades establecido. Para ello defendió la vigencia de la Constitución, aunque se cuidó de añadir que ninguna «ha de ser sinónimo de inamovilidad ni de petrificación», pero por los cauces que ella misma prevé. «Tampoco ninguna institución, por muy importante que sea, es inalterable, ni ninguna ley, irrevocable», agregó.
/ MAGISTRADOS ATACADOS Aunque Lesmes no mencionó al instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, sí se refirió a los «ataques personales» recibidos por magistrados, «alentados incluso por algunos responsables políticos», lo que consideró «censurable» en el marco del respeto constitucional. Precisó que con esas palabras no quería blindar a los jueces de la crítica, pero denunció que «las visiones segadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar» a su ánimo y sosiego para juzgar.
Por su parte, la fiscala general del Estado, María José Segarra, calificó de «legítimas» las «aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente-», en referencia al independentismo, pero matizó que «deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico», porque «no hay nada más democrático que la ley», que «vincula a todos» sin excepciones, al tratarse de la «viva expresión de ese consenso mínimo que posibilita la superación de tensiones».
Tras describir lo ocurrido en Cataluña como «un desbordamiento del orden constitucional y estatutario», que se encontró con «la firme actuación del Estado de Derecho», Segarra aseguró que «España tiene un sistema judicial sólido y un ministerio fiscal que actúa al servicio del principio de legalidad».