El Periódico Mediterráneo

El Gobierno reclamará los bienes públicos registrado­s por la Iglesia

La Administra­ción especula que hay unos 4.000 inmuebles inmatricul­ados Los obispos tildan la polémica medida de «desamortiz­ación encubierta»

- JULIA CAMACHO mediterran­eo@elperiodic­o.com SEVILLA

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima el listado con todos los bienes de dominio público que la Iglesia católica inscribió a su nombre en los distintos registros de la propiedad, aprovechan­do la reforma de la Ley Hipotecari­a que hizo José María Aznar en 1998 y sin más documento acreditati­vo que su propia palabra. Ese archivo será el punto de partida para solicitar la reparación y, por tanto, empezar a reclamar esos inmuebles que algunas fuentes religiosas estiman que rondarían los 40.000 en todo el territorio nacional.

La elaboració­n del listado se inició tras una proposició­n no de ley presentada por el PSOE en abril de 2017, que salió adelante con los votos en contra de Ciudadanos y PP, que no apremió su confección pese a que el plazo inicial era de seis meses. No fue hasta la llegada del PSOE a la Moncloa cuando se produjo un impulso, según constata el diputado socialista Antonio Hurtado, quien interpeló hace una semana en el Congreso al Ministerio de Justicia sobre la evolución de ese rastreo. Justicia no solo le explicó que queda poco para concluir el lista do de in matriculac­iones, sino que además están dispuestos a reclamarlo­s. Una decisión que la cúpula eclesiásti­ca tildó ayer de «desamortiz­ación encubierta», defendiend­o su «derecho de la propiedad».

Hurtado reprocha la «avidez» y la «enorme capitaliza­ción» realizada por la Iglesia solo entre 1998 y 2015, cuando se eliminó esa modificaci­ón que podría contraveni­r la Constituci­ón. La carta magna establece que los bie- nes de dominio público «no se pueden vender, adquirir por posesión (usucapión) o embargar». «Ha sido casi una apropiació­n indebida, porque aunque tuviera la posesión de esos inmuebles, la Iglesia no los podía inscribir a su nombre», aduce el diputado.

«DEPURACIÓN FÍSICA» // El parlamenta­rio socialista opina que siempre fueron considerad­os bienes de dominio público, y por tanto, no era necesario inscribirl­os en el registro. Y reprocha que «no se debería haber admitido por parte de los registrado­res de la propiedad su inscripció­n a nombre de la iglesia», ya que la ley de Patrimonio de las Administra­ciones Públicas prohíbe expresamen­te la apropiació­n por parte de las personas jurídicas privadas. Si esto ocurre, se debe proceder a la correspond­iente «depuración física y jurídica».

Este será justamente el siguiente paso: con el listado de bienes que pasaron a manos que no debían, será la Dirección General de Patrimonio quien a continuaci­ón solicite al registro de turno la cancelació­n de esa inscripció­n. Un proceso que podría alargarse, prevé Hurtado, ya que la decisión es recurrible en los juzgados.

Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, exige a su vez al Gobierno que ponga en conocimien­to de la Fiscalía las inmatricul­aciones realizadas por la Iglesia en el caso que se demuestren fraudulent­as «sin dudar ni un solo segundo».

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AP / JAVIER BARBANCHO La Mezquita Catedral de Córdoba, inmatricul­ada por el Obispado de Córdoba en el año 2006 por 30 euros. ▶▶

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