El consistorio pide al magistrado abrir juicio oral por el ‘caso Piaf’
La ciudad presenta escrito de acusación y el juez decidirá si continúa o archiva el procedimiento El documento apunta al exalcalde Rubert, el exedil Tomás y cinco personas vinculadas a la mercantil
El Ayuntamiento de Vilareal ha presentado, finalmente, escrito de acusación por el conocido como caso Piaf, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilareal dictara un auto de procedimiento abreviado --ratificado por la Audiencia Provincial, después el recurso presentado por los investigados-que podría derivar en la apertura de juicio oral, tras la decisión tomada por el consistorio vila-realense, atendiendo a lo dictaminado por la asesoría que defiende a la ciudad. Ello, siempre que el magistrado así lo determine en una decisión que, según fuentes jurídicas, podría producirse a finales de este mes de septiembre o inicios de octubre.
De esta forma, el Ayuntamiento mantiene la postura defendida en todo el proceso de indagación llevado a cabo por el juzgado vilarealense, pese a que la Fiscalía optó por reafirmarse en su petición de archivar el asunto, al considerar que, aunque sí que dice advertir actuaciones irregulares, no se produjo daño a las arcas municipales, al anular el alcalde, José Benlloch, una serie de facturas y certificado de final de obras por importe de 600.000 euros que, como atestiguaron funcionarios municipales, no se correspondían con la realidad.
Cabe recordar que el exalcalde Juan José Rubert (PP) rubricó en solitario, sin la conformidad de los técnicos ni de los departamentos de Intervención y Secretaría, un endoso con las cantidades reclamadas por Piaf que el Banco Sabadell abonó ateniéndose al documento firmado por Rubert. Una cifra que sigue reclamando la entidad bancaria al actual administrador concursal.
NOMBRES // En concreto, las personas sobre las que se reclama desde el consistorio que se inicie juicio oral por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude son, además del exalcalde Rubert, el que fuera concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Ramón Tomás; los hermanos Antonio y Alejandro Pons (Piaf); el técnico municipal Miguel Ángel Zorilla; y otras tres personas que estaban vinculadas a la empresa en cuestión.
En declaraciones a Mediterráneo, el primer edil vila-realense, José Benlloch, incidió en que el escrito de acusación que presenta el consistorio «no responde en absoluto a ningún tipo de cuestión política, ni se hace por venganza de nada ni a nadie, sino que lo único que persigue este equipo de gobierno es evitar por todos los medios legales pagar 600.000 euros facturados por trabajos que, según confirmaron los técnicos municipales, no realizó la mercantil Piaf». Y añade que, «lo único que se está haciendo siempre es seguir lo que señalan los informes técnicos y continuar luchando para que la ciudad no tenga que pagar ni un solo euro que no le corresponda abonar». A la vez que asevera que «quien haya hecho las cosas mal, que asuma sus responsabilidades».