Palo de Hacienda a la nieta de Franco
No declaró 6,7 millones de la venta de unas acciones de su madre
Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, tendrá que pagar 525.063,96 euros a Hacienda que dejó de abonar cuando, tras vender en el 2006 unas acciones que había heredado de su madre, compró unos inmuebles en Cantabria e hizo la declaración de la renta reduciendo la base imponible de la ganancia desde 6,7 millones a 57.209 euros. Así consta en una sentencia de la Audiencia Nacio- nal dictada en marzo y publicada ayer por Infolibre, según la cual el tribunal desestima la pretensión de Martínez Bordiú de anular la sanción que se le impuso en el 2011 tras una inspección de sus declaraciones de IRPF del 2006, 2007 y 2008, y contra la que presentó sucesivas reclamaciones.
La nieta del dictador heredó en el año 2000 unas acciones de su madre en la empresa FR Promociones del Suroeste SA, y en abril del 2006 vendió mediante escritura pública de compraventa a dos empresas fijando un calendario de pagos por importe superior a 9,6 millones de euros que pasarían a ser 1,5 millones de euros si no se recalificaban unos terrenos que la empresa tenía pendientes, como así ocurrió.
No obstante, con las cantidades cobradas en el 2006, ella invirtió en la adquisición de una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en Santander (1.959.050 euros más IVA), un chalet en la mallorquina Andratx (1.475.200 euros) y dos fincas en el municipio cántabro de Miera (360.607).
Su defensa sostiene que «dichos inmuebles se destinaron a la actividad económica de arrendamiento». En este sentido, la actual duquesa de Franco y Grande de España alegó que existía actividad económica porque contaba con un empleado a jornada completa y una oficina dedicada al arrendamiento inmobiliario – que coincidía con su propio domicilio–. Sin embargo, como dice la sentencia, en las pruebas practicadas por Hacienda durante la investigación se «demuestra» que «no se realizaba verdaderamente una actividad económica» en este espacio.
La administración tributaria propuso la sanción «basándose en la no existencia» de ese empleado, y la Audiencia Nacional concluye ahora que Carmen Martínez Bordiú deberá abonar esos 525.063,96 euros, además de impuestos de los años 2007 y el 2008 y también deberá pagar las costas del proceso.