La Audiencia Nacional archiva la querella a 5 ministros por el Castor
B La Sala de lo Penal considera que los hechos «no revisten apariencia delictiva» b El litigio también estaba dirigido contra el exconseller Cotino y Florentino Pérez
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la querella contra cinco exministros, dos exaltos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, por la construcción del almacén de gas Castor, que está situado frente a la costa de Vinaròs.
La querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, extitular de Fomento; y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra el popular José Manuel Soria por su etapa en el departamento de Industria.
Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS --concesionaria del proyecto--, Recaredo del Potro; Florentino Pé- rez, por la participación del 60% de ACS en la firma; el exsecretario general de Energía socialista Ignasi Nieto; y el exconseller de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, del PP.
Al archivo de esta causa se suma que diversas pruebas periciales presentadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del proyecto Castor, desarman las acusaciones penales contra la compañía ejecutora del mismo, Escal UGS. Se trata de unas pruebas que se unen al informe del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT en inglés), que concluyó que los pequeños terremotos que se produjeron en el 2013 frente a las costas vinarocenses fueron provocados por el funcionamiento de la plataforma, pero tanto los funcionarios investigados en el juzgado como los empleados y directivos de Escal efectuaron todos los estudios necesarios y adecuados.
El pasado 21 de junio, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivó la querella tras descartar cualquier delito penal en la construcción del Castor y adoptó la versión de la Fiscalía al considerar que la obra no respondió a una idea «aislada ni peregrina», sino que se debió a una política previamente planeada desde el 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos.
Pocos días después, el Observatorio de la Deuda en la Globalización apeló contra la desestimación de la querella, ya que en su opinión había análisis técnicos deficientes en los argumentos esgrimidos por la juez Lamela y la Fiscalía. Ahora, la Sala de lo Penal entiende que los hechos «no revisten apariencia delictiva». H