El Gobierno propone endurecer el trámite inicial de los desahucios
Calviño quiere que comenzar el proceso sea más difícil para los bancos de lo que pretendía Guindos El PSOE asume ideas de Podemos para proteger más a los clientes y reforzar la dación en pago
El Gobierno pretende que los bancos tengan más difícil iniciar los trámites para ejecutar las hipotecas en caso de impago y proceder al desahucio del cliente. El PSOE propuso en el Congreso endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado. Se trata del paso previo para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio. Los socialistas lo incluyeron en una enmienda al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, elaborado por el anterior Ejecutivo, que busca aunar otras similares de Unidos Podemos, Ciudadanos, el PNV y el PdeCat.
El texto presentado el año pasado por el ministro Guindos fijaba que las entidades podrían declarar el vencimiento anticipado si el hipotecado dejaba de pagar nueve cuotas mensuales (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo. Los socialistas proponen elevar esos topes al 3% y al 7%. Además, pretenden que el banco deba dar al cliente un mes para ponerse al corriente de pagos, en lugar de los 15 días fijados por el Gobierno popular.
La medida forma parte de las 49 propuestas de pactos (enmiendas transaccionales) que la ministra Nadia Calviño, a través del PSOE, ha ofertado al resto de los grupos parlamentarios con el fin de dotar de «un carácter más social» al proyecto de Guindos, según el ponente socialista, Gonzalo Palacín. El objetivo, explicó, es una mayor protección al consumidor y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica «sin poner en riesgo el sistema financiero e hipotecario del país».
El envío de estas propuestas es fruto de una exigencia de Unidos Podemos al Gobierno para retomar la tramitación del proyecto de ley, ya que hace dos años y medio que venció el plazo para su aprobación previsto en la directiva europea del que emana. De he- cho, la mayoría de estas enmiendas de consenso están basadas o incluyen otras presentadas por la formación morada.
El PSOE, así, propuso también reducir el interés de demora en caso de impago que pretendía fijar Guindos. Pasaría a ser el interés legal del dinero más un 3%, en lugar del triple de dicho interés. Con datos del 2018, ello supone que sería del 6% y no del 9%. Asimismo, los socialistas pretenden que los bancos tengan tres días para informar al cliente de cuánto le cobrará si procede al reembolso anticipado total o parcial del crédito. La comisión sería del 0,15% si el pago se produce en los cinco primeros años de la hipoteca y del 0,25% en los tres primeros, frente al 0,25% y al 0,5% propuesto por Guindos. En caso de novación del tipo o subrogación del crédito a un tercero, la penalización sería del 0,15% en lugar del 0,25%.
MÁS TRANSPARENCIA / El PSOE también presentó una enmienda que reúne otra propia y una de Unidos Podemos para que la ley recoja la opción que tienen las partes de pactar la dación en pago (entrega del inmueble o de los ingresos de su venta para saldar la deuda). Esta posibilidad ya está reconocida en la ley hipotecaria de 1946, pero se quiere dotarla de mayor transparencia en la información al consumidor. También pretende que el código de buenas prácticas para evitar desahucios creado por el Gobierno del PP en el 2012 sea obligatorio en lugar de voluntario para los bancos.
Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que si se pacta un suelo al tipo de la hipoteca sea obligatorio que exista también un techo, así como que ambos deban ser de la misma proporción respecto a la primera cuota y que el suelo no pueda ser superior a este primer pago. Además, propone que el incumplimiento por parte de los bancos de las condiciones fijadas para las hipotecas multidivisas obligue a cambiar la moneda de las mismas a aquella en que el cliente obtenga sus ingresos. Otra novedad es limitar las hipotecas vinculadas a la contratación de otros productos, a la suscripción de seguros, cuentas y planes de inversión o de pensiones.