El Supremo obliga a las eólicas a pagar un canon en proyectos rurales
La sala rechaza b un recurso que pidió incluir el peaje en forma de tributo El TS estima que el b dinero solo se destine a «revitalizar las zonas del interior»
Las empresas que gestionan los parques eólicos de la Comunitat seguirán pagando un canon para impulsar actuaciones que contribuyan a revitalizar zonas de interior, la mayoría amenazadas por la despoblación. El dinero servirá para aportar ayudas a municipios rurales afectados por las instalaciones y será gestionado por el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).
Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) tras desestimar un recurso que presentó la Asociación Empresarial Eólica (AEE) contra una directriz del 2018 del Gobierno central que fija los peajes de acceso de energía. La sentencia concluye que el canon es una «aportación económica de carácter obligatorio impuesta por ley a las empresas con instalaciones eólicas».
El TS reitera que «dicha prestación al fondo, gestionado por un ente público no busca aportar medios económicos con los que financiar el gasto público, sino que persigue una finalidad específica destinada a conceder ayudas a los municipios situados en la zona de afección que sirven para mejorar sus infraestructuras, las condiciones socioeconómicas o impulsar energías renovables».
La asociación de la que forman parte las empresas eólicas, una entidad sin ánimo de lucro que representa al 95 % del sector de España, recurrió a los tribunales para que este canon fuera considerado «como una figura de naturaleza tributaria que grava las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico».
/ FUNCIONAMIENTO Las empresas titulares de las instalaciones realizan el ingreso correspondiente a la potencia total instalada a 31 de diciembre del año anterior. La sentencia valida el mecanismo diseñado para el cobro.
El ingreso se calcula a razón de 2,5 €/kW y año, una cantidad que se actualiza anualmente de acuerdo con el sistema de tarifas y primas aplicables a instalaciones de energía eólica. Este 2020, como informó ayer Mediterráneo, el fondo de compensación eólico repartirá 4,12 millones.
Las empresas alegaron que el canon supone una «forma de financiación de las administraciones públicas» y la Abogacía del Estado se opuso. Ahora la sala ha concluido que no es un impuesto, pues «no se persigue aportar medios económicos con los que financiar el gasto público, sino ayudar a los municipios».
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