El trinquete de Vila-real, la primera gran obra de Piaf sometida a juicio
Pese a invertirse medio millón en su reforma, los trabajos se facturaron como de mantenimiento El caso que ahora se juzga investiga la legalidad de tres acciones que suman 1,3 millones de euros
El juicio que arrancó el pasado jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, con el objetivo de dirimir si hubo prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental en el marco de la relación contractual entre el Ayuntamiento de Vila-real y la empresa Piaf entre los años 2006 y 2011, incluye la investigación efectuada por el juez instructor sobre la realización de tres obras de calado que suman algo más de 1,3 millones de euros.
Un proceso judicial que ha sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde popular Juan José Rubert y a su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, para quienes la acusación particular que ejerce el consistorio solicita penas de cárcel de casi 10 años. Junto a Rubert y Tomás también están encausados el técnico municipal y jefe del departamento de Servicios Públicos en aquel periodo, Miguel Ángel Zorrilla; y cuatro personas vinculadas a la mercantil Piaf: los hermanos Alejandro y Antonio Pons, Miguel Lobo y Francisco Vicente Berenguer.
Las obras en cuestión, según se dio a conocer en la comisión de investigación que creó la corporación municipal, y cuyas conclusiones dieron origen al proceso que ahora se juzga, se llevaron a cabo en el marco del contrato de mantenimiento vigente entonces entre la mercantil --ahora en concurso de acreedores-- y el consistorio, pese a que los importes finales hubieran obligado a licitarlas.
La primera de las grandes actuaciones acometidas por Piaf en Vila-real fue la reforma del trinquete local, que se acometió --incluido el derribo del antiguo inmueble-entre octubre del 2006 y marzo del 2007, y que supuso una inversión de casi 500.000 euros.
En este caso, la empresa constructora presentó periódicamente facturas por un importe máximo de 29.992 euros --el límite para tener que licitar este tipo de trabajos estaba en 30.000 euros en aquel momento--, salvo un recibo que, también en concepto de mantenimiento, presentó la firma
por valor de 199.709 euros y que correspondía a la construcción de la nueva cubierta del recinto. Un importe que contó con la nota de reparo del departamento de Intervención al superar el límite legal para contabilizarse como trabajos de conservación.
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