Castellón empieza la desescalada
Las terrazas abren desde hoy hasta las 18.00 h., el comercio alarga su horario hasta las 20.00 h. y se permiten reuniones de 4 personas al aire libre
Sanitat prevé administrar esta semana 79.400 dosis de vacunas en la Comunitat y tan solo el 1,8% de los valencianos rechaza inmunizarse
La administración impone más de 26.000 ‘multas covid’ en Castellón pero por falta de personal y medios solo consigue cobrar 2.056
Multas, multas y más multas. Desde que se inició la pandemia, hace casi un año, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales han rellanado en Castellón casi 26.000 propuestas de sanción. O lo que es lo mismo: una media de 75 al día por no llevar mascarilla, pasear al perro en las horas en que era obligatorio permanecer en casa, hacer deporte demasiado lejos del domicilio habitual o viajar a una segunda residencia... Toda una ristra de actividades que hasta hace doce meses eran estricta normalidad pero que por culpa del covid se han convertido en materia de sanción. O no. Porque de las 26.000 propuestas de multa realizadas en la provincia solo se ha iniciado la tramitación de 9.134 y se han pagado 2.056, es decir, el 8%. Y todo por la falta de personal para dar salida al ingente volumen de sanciones.
Durante el primer estado de alarma fue la Administración central la que tuteló el trabajo de todas las policías, y el armazón legal de la mayor parte de las multas fue la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza. Durante ese periodo de tiempo (desde el 14 de marzo a mediados de junio) se abrieron en Castellón 15.722 expedientes, según indican los datos del Ministerio de Interior, aunque hasta la fecha solo se ha conseguido cobrar una de cada diez. En total se han iniciado 6.534, se han resuelto 4.724 y han pagado 1.694.
Con la llegada del verano, la Generalitat recuperó las competencias y, en virtud del decreto-ley del Consell de 24 de julio del 2020, los trámites pasaron del Gobierno central al autonómico. A partir de ese momento, fue la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública la encargada de gestionar la tramitación y el cobro de las denuncias. Y encima tenía que hacerlo a través de un departamento, el de Espectáculos Públicos, que hasta la llegada de la pandemia se encargaba de tramitar sanciones relacionadas con los espectáculos (fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos) y que carece de personal suficiente para hacer frente a la avalancha de infracciones por el covid.
Pese a que la consellera Gabriela Bravo anunció hace un mes la puesta en marcha de un plan de choque con más personal y más recursos tecnológicos para acelerar la tramitación de estas denuncias, el ritmo de resoluciones sigue siendo lento. Así, de las 10.000 sanciones impuestas en Castellón desde julio hasta el pasado 19 de febrero, se ha iniciado la tramitación de 2.600, se han resuelto 434 y se han abonado las multas de 362, según los datos de Justicia e Interior.
La totalidad de las infracciones graves y muy graves ya han sido gestionadas, pues las denuncias que tienen esta consideración son prioritarias y su tramitación resulta mucho más rápida. Sin embargo, son las provocadas por incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma las que suponen el mayor volumen de expedientes.
El procedimiento administrativo tampoco ayuda en nada a acelerar el cobro de las multas. Tras iniciarse el trámite, se envía al infractor un acuerdo que, de aceptarlo, le supone una rebaja de 40% en el importe de la multa. En caso contrario, dispone de diez días para presentar alegaciones y la administración tiene de plazo seis meses para resolverlas.