El Síndic detecta diez centros de menores sin contrato en vigor

Igualdad reconoce que han superado las prórrogas previstas

La llegada del Botànic supuso un cambio en la gestión de los centros de menores. El objetivo era dejar a un lado un sistema de subvención que suponía retrasos en los pagos y concedía equis cuantía a cada asociación ya que la subvención que recibía cada entidad por gestionar los centros de menores podía variar de año en año en función de lo que decidiera el gobierno de turno en sus presupuestos.

El sector exigía estabilidad y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas puso en marcha un nuevo modelo llamado «concierto social» que supone el pago asegurado por dos años en función del programa que desarrolle cada entidad. Sin embargo, el paso de un modelo a otro (ya con el Botànic II) generó impagos que sacó al sector a la calle en el 2019.

Ahora, dos años después, el Síndic de Greuges analiza la gestión de los centros de menores tras detectar, de nuevo, impagos y problemas en los contratos. Es más, la última resolución del Síndic afirma que de los 20 centros de menores investigados, la mitad está realizando su labor en la actualidad sin contrato administrativo en vigor.

«Se constata que por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no se tramitan en plazo muchos de los contratos de gestión integral (centros públicos gestionados por entidades privadas) en el sector de infancia y adolescencia», afirma el informe, tras explicar las consecuencias que eso supone ya que «la no tramitación en plazo provoca que finalicen los contratos, incluso agotando las prórrogas permitidas en el mismo, quedando las entidades gestoras sin cobertura contractual». Así, las entidades «siguen prestando los servicios aún sin existir contrato que les proporcione cobertura». La fórmula utilizada por la conselleria para continuar pagando el servicio prestado sin cobertura contractual no es nueva, se llama resarcimiento por enriquecimiento injusto y es un proceso extraordinario. Sin embargo, «este procedimiento, complejo administrativamente, produce demoras en los pagos a las entidades que alcanzan, según las mismas, hasta cinco meses».

Las demoras en los pagos implican que son las entidades las que tienen que afrontar los gastos de gestión de los centros, tanto en lo relativo a gastos de personal como los propios de atención a los menores y del mantenimiento.