La Fiscalía pide 12 años a Carlos Fabra por ocultar patrimonio
Lo acusa de urdir una trama para eludir pagos a Hacienda
Doce años de cárcel. Es la nueva pena de prisión a la que se enfrenta el expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP provincial Carlos Fabra por, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, ocultar su patrimonio para dificultar la acción de la justicia y evitar así el pago de la multa con Hacienda impuesta al expolítico tras su condena e ingreso en prisión por el caso Naranjax.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Mediterráneo, Fabra presuntamente urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable, contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, María Amparo Fernández; dos de sus hijos (Borja y Claudia Fabra) y terceras personas cercanas al expolítico, haciendo uso de sociedades pantalla. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Castellón se ha encargado de la instrucción del caso.
El objetivo del expresidente no era otro, según expone el Ministerio Público, que el de impedir que se hicieran efectivas la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, quedando pendiente de pago a cargo de Fabra más de un millón de euros (1.031.457). Según el referido escrito, supuestamente también cooperaron con el exdirigente, de forma no habitual, empresarios de Castellón.
«La aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994 de euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada», reza la Fiscalía.
El Ministerio Público pone de manifiesto que en el periodo de tiempo objeto de investigación se detectó una intensa actividad bancaria por parte del expolítico y de su entorno, «sobre todo de su hijo Borja, con unos abonos brutos superiores a los 26.000.000 de euros que en modo alguno han estado destinados a sus deudas tributarias y judiciales», detalla.
También destaca el fiscal que de entre esa actividad económica cobra especial relevancia el abundante caudal de abonos en efectivo en cuentas de Fabra, ascendente a 2.696.994,31 euros, «de los que puede afirmarse su origen ilícito, teniendo en cuenta que el expresidente de la Diputación carece de una actividad negocial que pudiera haberla generado».
Para la acusación, esa intensa actividad bancaria ha tenido una doble finalidad: por un lado ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Fabra a fin de evitar embargos por sus deudas tributarias y judiciales y por otro, canalizar y realizar los fondos de procedencia ilícita, tanto el efectivo como los abonos.
Fabra se enfrenta a 12 años por delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. Para su mujer y su hija Claudia piden siete años de cárcel y para sus hijo Borja, un total de 11. Por su parte, los distintos colaboradores y empresarios se enfrentan a penas de entre 9 meses y 8 años.
Tras el registro de su chalet de Platgetes (Orpesa) en septiembre, Fabra lo negó todo y dijo que vivía con «una pensión de 1.829 euros» y que «malvendió» sus bienes.