Batalla política entre el PSOE y el PP de Cabanes a costa de Torre la Sal
La oposición critica al equipo de gobierno por actuar sin el consenso de los propietarios Los vecinos piden que les dejen al margen y no les metan «en líos» por el futuro del poblado
Poco ha durado el frente común que buscaba el Ayuntamiento de Cabanes para frenar el posible derribo de Torre la Sal. El PP (en la oposición) y el PSOE (en el gobierno) protagonizaron ayer un cruce de reproches tras el pleno extraordinario celebrado el miércoles.
Los populares critican que el ejecutivo local intentó aprobar las alegaciones para defender las casas de los vecinos «sin contar con el visto bueno de los propietarios. Convocar un pleno extraordinario para aprobar unas reclamaciones que ni siquiera han compartido ni consensuado con los residentes es tirar el dinero y acaba resultando un fracaso, como se evidenció de forma pública y clamorosa», recrimina la portavoz local de la formación, Ana Obiol.
La alcaldesa, Virginia Martí (PSOE), salió al paso de las acusaciones y matiza que la sesión plenaria estaba convocada para realizar «una modificación de crédito» y aclaró que retiraron a última hora del orden del día la aprobación de las alegaciones después de que Costas, en la reunión que había mantenido por la mañana en Madrid, decidiera ampliar cuatro días más el plazo para presentar las objeciones que prepara el consistorio, y así «prepararlas mejor».
De hecho, Martí se sorprende que el PP se vanaglorie del «fracaso» de la declaración institucional que el PSOE pretende impulsar cuando el pasado sábado tuvieron una reunión entre los portavoces para acordar esa propuesta.
Aunque la primera edila rechaza que no haya consenso con los vecinos, sí reconoce que hay divergencias en el enfoque de las alegaciones. «Los propietarios piden que la documentación que presente el Ayuntamiento contenga el mismo texto que la suya y eso no puede ser, no podemos decir lo mismo que ellos al ser Administración», argumenta.
El motivo es que los residentes centran su discurso en negar la aprobación del deslinde y rechazar que exista esa orden ministerial de 1976 que, supuestamente, pasó a catalogar que las casas del poblado de Torre la Sal estaban en dominio público marítimo-terrestre. «No podemos decir que esa orden no exista cuando el Ayuntamiento de entonces la recurrió y la llevó al Supremo», explica Martí, quien cree que, en vez de preparar una reclamación conjunta, «cuantas más alegaciones y argumentos presentemos, jugando todas las cartas posibles, mejor».
Ante esa brecha política, los propietarios piden quedar al margen y que no los utilicen con fines partidistas. «No queremos que nos metan en esos líos, no hemos hablado con nadie del PP y no nos hemos posicionado», puntualiza el presidente de la asociación de residentes, Juanjo Agost, a la vez que dice que «no es que esté en contra» de las alegaciones del consistorio, sino que «no comparte» la forma en la que las están redactando. «Ellos afirman que sí hay un deslinde, pero si admiten que existe, ya se perjudican; me parece que es un error y que no han cuidado adecuadamente la redacción», añade.
La alcaldesa volvió a reunirse anoche con los vecinos para darles a conocer las conclusiones del encuentro con Costas en Madrid.
Por su parte, Compromís recalcó que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (de la que depende Costas), comparecerá el martes en el pleno del Senado para dar explicaciones sobre el futuro de Torre la Sal.