Sánchez se plantea prohibir los vuelos de menos de 2,5 horas
Un documento de 200 expertos propone 50 propósitos para los próximos 30 años Una tasa de paro del 7% y una jornada semanal de 35 horas figuran entre los objetivos
El Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de prohibir los vuelos nacionales de corto trayecto, aquellos que pueden realizarse en menos de 2,5 horas. Esta es una de las propuestas que figura en el documento España 2050 que han elaborado 200 expertos independientes por encargo del Ejecutivo para encarar los retos de la sociedad y la economía española de los 30 próximos años. Prohibir este tipo de vuelos cortos podría suponer, por ejemplo, la definitiva desaparición del puente aéreo entre Madrid y Sevilla o Valencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer el documento España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia Nacional de Largo Plazo, que pretende ser una guía «apartidista», elaborada por expertos de diferentes disciplinas, por encargo del Gobierno. Sánchez dijo que el Ejecutivo quiere iniciar a partir de ahora «una gran conversación» con comunidades y ayuntamientos, partidos políticos o agentes sociales para determinar «qué España que
remos tener dentro de 30 años», dentro de una estrategia nacional a largo plazo. Desde el PP, Pablo Casado tachó de «insulto» a la gente el plan presentado por Sánchez y criticó que el Gobierno, en vez de ocuparse de la «España real», se centre en «la España virtual» lanzando «cortinas de humo». «Estamos viendo que España tiene un Gobierno líquido que hace política gaseosa, es decir, cortinas de humo» dijo Casado durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
En sus 676 páginas, el documento identifica nueve retos económicos y sociales, que se articulan en 50 objetivos y en algo más de 200 propuestas para abordarlos. Una tasa de paro del 7% y una jornada semanal de 35 horas figuran entre los objetivos fijados para el 2050. En la sociedad que vislumbran estos expertos, el gasto en I+D aumentaría desde el 1,2% del PIB al 3,5% en el 2050. El de educación, pasaría del 4,3% al 5,5% del PIB. El de salud, del 5,7% al 7%. El de cuidados de larga duración, del 0,8% al 2,5% del PIB y el destinado a protección social, pasaría del 17% al 20% del PIB. En es
te último bloque se incluye el gasto público en pensiones, las prestaciones por desempleo, las políticas activas de empleo y otras ayudas sociales.
En el documento se alude a que el incremento de gasto público vinculado a estas medidas y objetivos, «no tendría por qué traducirse en un aumento del déficit» ya que «tanto los cambios normativos sugeridos» --en materia de nuevos impuestos, subidas de algunos de ellos y rediseño de otros--, como la reducción de la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal, «ya sería suficiente
para compensar este aumento del gasto público». Ninguno de los objetivos planteados en el documento alude a la reducción de la deuda pública que en el 2050 aún podría estar en niveles en torno al 110% del PIB, según estimaciones de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) para un escenario sin cambios normativos.
FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Para disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo, además de prohibir los vuelos de corta distancia, también se propone la introducción de la tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino. Dentro del bloque medioambiental, también se propone «ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo»; así, se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a «un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero».
El estudio no alude a la reducción de la deuda pública, que en el 2050
podría llegar al 110% del PIB