Nules reclama la misma protección que Puig anuncia para Torre la Sal
El alcalde recuerda que en varias ocasiones han pedido el BRL y el BIC y siempre las han denegado En el municipio defienden que la implicación del Consell en este tipo de casos es «indispensable»
El anuncio que realizó días atrás el president de la Generalitat, Ximo Puig, al respecto de que buscará una figura de protección para el poblado marinero de Torre la Sal (Cabanes), con el fin de evitar el derribo planteado por Costas, se recibió en Nules como un cambio de postura esperanzador, en la línea de lo que el municipio viene demandando para sus casetes.
De un tiempo a esta parte, el municipio ha solicitado, sin éxito, que el gobierno autonómico se implique en la protección de lo que consideran el casco histórico de la playa de la localidad.
Para el alcalde de Nules, David García, la decisión de defender Torre la Sal desde la Generalitat no solo es legítima sino «imprescindible», y debería extenderse al resto de municipios amenazados por una Ley de Costas que, como siempre han reivindicado, no penaliza las grandes intervenciones urbanísticas, pero sí que pretende castigar a los núcleos urbanos tradicionales, como es el caso de Nules.
García agradece el «cambio de criterio» manifestado por Puig, porque hasta ahora, desde el consistorio «hemos pedido varias veces declaraciones como el bien de relevancia local (BRL) o bien de interés cultural (BIC) y las han rechazado», pese a que «hay motivos suficientes y consistentes para su protección».
Que la postura fulminante justificada por el Ministerio para la Transición Ecológica haya puesto una vez más sobre la mesa el riesgo inminente de desaparición del enclave marinero de Torre la Sal, lleva a Nules a recordar que la situación de sus casi 250 viviendas de primera fila no es distinta, y sin la implicación y la presión de administraciones con competencias como la Generalitat, el destino final acabará siendo el mismo.
Para el primer edil, «no se entendería que el Consell garantizara la protección de Torre la Sal y no hiciera lo propio con Nules», e insiste en que la intervención autonómica es «indispensable» en ambos casos y en todos los que se encuentren ante la misma tesitura.
García precisa que el valor patrimonial y cultural de les casetes está acreditado por profesionales y entidades que abogan por su protección, del mismo modo que considera probado que su ubicación en dominio público marítimo-terrestre es consecuencia de la «inacción» de los sucesivos gobiernos estatales tras la construcción del puerto de Burriana.