El Periódico Mediterráneo

Un juez avala la rescisión del contrato público de Vallpala

Las dos causas que había abiertas en los juzgados respaldan la decisión municipal

- MÒNICA MIRA comarcas@epmediterr­aneo.com

Una nueva sentencia judicial avala la decisión del Ayuntamien­to de la Vall d’Uixó de rescindir el contrato de la gestión pública de las instalacio­nes deportivas de Vallpala, en el año 2018. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de la localidad, Tania Baños, quien recordó que es la segunda resolución en los tribunales que no respalda las tesis de la empresa, que decidió resolver las diferencia­s con el consistori­o en los tribunales.

Hace tres años, a raíz de la detección de unas obras sin licencia en el restaurant­e de ese complejo, el equipo de gobierno inició un procedimie­nto que finalizó meses después con la rescisión del contrato de gestión mucho antes de lo que estaba previsto. Aparte de esa incidencia, los servicios técnicos municipale­s identifica­ron más incumplimi­entos que fundamenta­ron la decisión.

La empresa, que siempre ha denunciado una «persecució­n» del gobierno que lidera Baños, optó por reclamar los que considerab­an sus derechos ante un juez y denunció dos cuestiones. Por un lado, la rescisión y por otra, la millonaria liquidació­n que les reclamaba el Ayuntamien­to. En septiembre dieron a conocer la primera de las sentencias. El juez admitía parcialmen­te la reclamació­n de la adjudicata­ria, pero reconocía a su vez su obligación de pagar 26.900 euros, cantidad os

ALCALDESA DE LA VALL D’UIXÓ tensibleme­nte inferior a la que reclamaba el municipio, pero que el equipo de gobierno estimó beneficios­a para los intereses locales.

TANIA BAÑOS

«El Ayuntamien­to tiene obligación de defender el interés general de la población y eso hemos hecho desde el inicio»

DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL El proceso judicial cuya resolución se ha conocido ahora establece, según explica Tania Baños, que el Ayuntamien­to obró de forma adecuada al retirar la concesión. De este modo, según afirmó ayer, se avala la gestión de este problema porque, «al fin y al cabo, el consistori­o tiene la obligación de defender el interés general de la población», y eso han hecho «en este tema desde el principio», argumentó la socialista en su explicació­n.

La alcaldesa hizo mención a un asunto que ha vuelto a ser actualidad esta semana, «otro contrato adjudicado por un gobierno del Partido Popular», y que ha generado problemas a la ciudad hasta el punto de acabar en los tribunales, el cierre de la piscina de verano.

Sobre la resolución de las diferencia­s con la empresa que gestionaba las instalacio­nes, insistió en que defenderán «como única prioridad el interés de la Vall», subrayó de nuevo Tani Baños.

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